El diputado independiente René Saffirio valoró la reciente aprobación y despacho al Senado del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y modifica la Ley 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, iniciativa que lleva casi cuatro años en tramitación y que surgió luego de las graves violaciones a los derechos humanos descubiertas por la Comisión Investigadora al Servicio Nacional de Menores (Sename) y al sistema de justicia y de reinserción infantil, adolescente y juvenil chileno, desde hace ya una década, en la que el parlamentario lideró gran parte de las gestiones.
Según Saffirio, es un «avance importante en materia de tratamiento de los adolescentes que pueden estar afectos a responsabilidad penal, por lo escabroso del tema y del dolor por la forma en cómo el Estado ha tratado a niños, niñas y adolescentes durante su historia y, particularmente, durante la historia del Sename».
Entre las fortalezas relevadas por el legislador, están las mejoras introducidas por la Comisión de Constitución, como incorporar el concepto de “garantizar los derechos humanos” y no sólo resguardarlos, como venía originalmente en el proyecto; también, asegurar la oferta pública en todas las regiones de los programas del nuevo servicio y no sólo “proveer prestaciones” como venía originalmente en el proyecto.
LOS MISMOS
Sin embargo, a pesar de las mejoras, Saffirio recalcó los graves problemas que tiene esta iniciativa, como es que, serán los mismos funcionarios del Sename quienes podrán tener continuidad laboral en el nuevo servicio.
“Hay un problema gravísimo. Todo lo que se diga respecto de las bondades de este nuevo servicio se van al tacho de la basura si pretendemos ejecutarlo con los mismos funcionarios que han sido autores, cómplices o encubridores de violaciones de derechos humanos sistemáticas, reconocidas por organismos internacionales y reconocidas por Chile en el contexto del desarrollo de las actividades propias del Sename”, acusó.
Finalmente, el legislador de La Araucanía recalcó que es fundamental que todos los funcionarios del nuevo organismo “debieran concursar públicamente y cumplir con todos los requisitos para poder acceder al nuevo servicio que se crea, si no vamos a pretender hacer cosas distintas con las mismas personas”.
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