Hoy en la Cámara de Diputados se inició la tramitación de la iniciativa que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, el cual busca darle un correcto y oportuno acceso a la justicia a todas las personas de manera integral.
Este Proyecto de Ley, que fue firmado y presentado por el Presidente Sebastián Piñera en compañía de los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, para su discusión con carácter de urgente en el parlamento, permitirá unificar la oferta que actualmente el gobierno ofrece a la ciudadanía en materia de defensa jurídica a través de sus distintos ministerios, reuniéndolos en un solo servicio y creando la Defensoría de Víctimas de Delitos.
De esta manera, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Stephanie Caminondo, aseguró que “hasta ahora, la asistencia jurídica que presta el Estado, está dispersa en diferentes órganos, abordando materias definidas y limitadas, como por ejemplo, la Defensoría Penal Pública que defiende a los imputados por delitos y la Corporación de Asistencia Judicial que se encarga sólo de los temas laborales y de familia, sin existir una institución que defienda integralmente a quienes son víctimas de delitos cuando más lo necesitan, una inquietud que se nos ha planteado en muchas oportunidades y que hoy estamos corrigiendo”.
“Es por ello que la aprobación de este proyecto es de gran importancia, tanto para el Gobierno como para nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya que viene a cumplir nuestro principal compromiso que es facilitar el acceso a la justicia a todas las personas de manera integral y gratuita con la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, la creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos y la creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, que nos permitirán prestar el apoyo legal y afectivo en los momentos más difíciles a las víctimas, principalmente en casos de violencia”, puntualizó la Seremi.
Respecto al nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, el proyecto propone unificar en un solo servicio, a toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como “Mi Abogado” o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior, prestando servicios tanto en materia civil, como en materia laboral, de familia y penal, a través de la Defensoría de Víctimas, donde se incluye una línea de Derechos Humanos, para asesorar y representar a quienes hayan sido vulnerados en sus derechos.
Por su parte, la Defensoría de Víctimas de Delitos será la encargada de defender los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual, realizando además, un acompañamiento con asistencia psicológica y social.
La Defensoría concentrará lo que hoy existe bajo los Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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