Dra. Ana Barrera Herrera, Departamento de Psicología, Universidad Católica de Temuco; Núcleo Milenio Imhay.
En los últimos años, el término “salud mental” ha salido de los espacios profesionales y se ha instalado enérgicamente como tema de discusión en la opinión pública chilena. Así lo han propiciado fenómenos sociales como las movilizaciones estudiantiles en torno a la salud mental universitaria, las consecuencias emocionales y motivaciones ligadas al estallido social y, sin lugar a dudas, la crisis pandémica, que ha revelado las múltiples necesidades de diversos grupos en relación al bienestar y al cuidado emocional en estos tiempos complejos. Hablar de salud mental nos acerca al reconocimiento de una necesidad humana, la necesidad de que todas las personas tengan el derecho a un estado de bienestar físico, mental y social, que les permita desempeñarse en sus actividades diarias, ser productivos y contribuir a su comunidad, tal como indica la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, reconocer la salud mental como un derecho fundamental y hablar de ella nos permite disminuir los prejuicios en torno a las enfermedades mentales, dejando en el olvido antiguas y estereotipadas imágenes asociadas a la locura, lo que contribuye a disipar las barreras en cuanto a la búsqueda de ayuda profesional.
Sin embargo, pese a estos avances, la tarea está incompleta. Como país, tenemos grandes brechas en el acceso a tratamientos de salud mental, cobertura limitada solo para algunas patologías (depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, consumo perjudicial y abuso de sustancias, Alzheimer), el presupuesto de salud destinado a esta área sigue siendo bajo (2,1% del presupuesto total de salud) y aún no contamos con una Ley de Salud mental integral que asegure y aborde todas sus aristas, desde la promoción, prevención, hasta el acceso oportuno y efectivo a tratamiento. En mayo recién pasado se promulgó la Ley N° 21331 “del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, lo cual constituye un avance significativo.
No obstante, esta no puede ser considerada una “Ley de salud mental integral”, puesto que no viene aparejada de un aumento de presupuesto, pues se centra exclusivamente en la hospitalización y tratamiento de las personas que ya presentan un trastorno de salud mental, y deja nuevamente en tierra de nadie la promoción de la salud mental y la prevención de factores de riesgo. En una carta abierta, numerosas organizaciones civiles han expresado que esta ley tiene un alcance limitado, pues desconoce los tratados internacionales vigentes, no integra determinantes sociales que influyen directamente en la salud mental y que propician la dignidad humana (tales como el acceso a la vivienda, trabajo, protección social), no cuenta con un sustento biopsicosocial e interdisciplinario, y es poco integradora al no sumar organizaciones académicas ni civiles en su elaboración.
Frente a ello, las voces del mundo de la salud -académico, civil y político- debemos seguir más que nunca haciendo eco de estas necesidades, pues hoy tenemos la oportunidad de integrar la salud mental como temática fundamental en la nueva Constitución y en un nuevo programa de gobierno. Necesitamos seguir visibilizando que la salud mental es un derecho fundamental que va más allá de un Ministerio específico, pues debe estar presente de forma transversal en las distintas políticas públicas (educación, desarrollo social, justicia, trabajo, medio ambiente, vivienda, entre otros). La salud mental no debe ser un privilegio de pocos ni tampoco debe depender de buenas voluntades, sino que debe asegurarse una Ley con un aumento digno del presupuesto para esta área. Confiamos en que estos vientos de cambio político y la nueva Constitución nos permitan asegurar este derecho para todos los integrantes del país y alcanzar así ese tan anhelado estado de bienestar para nuestra comunidad.
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