Francisco Huenchumilla Jaramillo
Senador
En estos últimos días, nos tocó revisar en el Senado un tema que concita la máxima atención de la opinión pública: el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Nuestro mensaje principal a este respecto, es que esa discusión tiene un trasfondo mucho más profundo que el hecho mismo. Esto pasa de ser un tema jurídico, y se convierte en un debate político de la más alta relevancia.
Los hilos conductores de ese debate, son bastante claros. Es importante reflexionar por qué, como sociedad, hemos llegado a esto: un escenario donde una gran mayoría de la sociedad cuestiona el modelo de las AFP, y donde los representantes de esa industria, los grupos económicos detrás del modelo de capitalización individual, encienden a este evento todo tipo de alarmas, debatiéndose en variados argumentos económicos para advertir los efectos que tendría este tercer retiro en las cuentas individuales de los ahorrantes.
En este sentido, es del todo pertinente pedir a los sectores políticos de derecha, pero sobre todo a los representantes de esa industria, que hagan un acto de sinceramiento, y acepten de una vez por todas que en Chile el sistema de capitalización individual cumplió su ciclo. Soslayar ese problema de fondo, esgrimiendo todo tipo de argumentos a favor o en contra del tercer retiro en específico, es inútil.
Pero sigamos con ese “fondo del problema”. El llamado, entonces, es al gobierno, a las instituciones del estado, y a la industria de la capitalización individual, a que lleguemos a un consenso. Ese consenso, a mi parecer, es que en Chile estamos en un punto límite, según el cual tenemos el deber ético de hacer una reestructuración completa del sistema de seguridad social del país. Llegó el momento de aceptar aquello como una realidad política.
Dado lo anterior, cualquier esfuerzo que vaya en el sentido contrario no tendrá futuro. En la sociedad que surgió con posterioridad al estallido social, el individualismo es una fórmula que ya no mueve mayorías. Hoy existe un proyecto de Reforma Constitucional, que está en la Comisión de Trabajo de este Senado, y que busca reformar el sistema de pensiones, pero que mantiene iguales las bases del actual modelo; luego, la discusión se centra en adónde irá el 3 o el 6% de cotización adicional. Ese proyecto, tal como está, tendrá todo tipo de dificultades en el Senado.
De esta manera, el profundo cuestionamiento y deslegitimación que afecta al sistema de capitalización individual en la actualidad, tiene una explicación lógica: la falta de respuesta de esa industria, pero también del estado, sus instituciones y el mundo político, a las necesidades de la gente; porque hace 40 años, se implantó por la fuerza un modelo de ahorro forzoso, que acumuló al día de hoy más de 200 mil millones de dólares.
Y mientras las empresas del país tienen acceso a ese capital para hacer negocios, el hombre de a pie, después de haber ahorrado 40 o 50 años, recibe de vuelta su dinero en cómodas cuotas de 120, 150 o 200 mil pesos. Es decir, hay acumulados millones de dólares, gracias a los fondos de los pensionados, pero ellos sólo los ven pasar. De ese fondo gigantesco, ni siquiera les toca un mínimo de dignidad. Ello genera, naturalmente, una situación psicosocial de rabia profunda en la gente, de estar viviendo en un país profundamente desigual.
Volviendo sobre el tema específico del tercer retiro, la extensa presentación que nos hicieran hace unos días los representantes de las AFP, en la comisión de Constitución del Senado, se hizo a mi parecer en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y a las personas equivocadas. El destinatario correcto de tan profundas prevenciones y cuestionamientos debió ser el presidente de la República. A él debieron explicarle, que si se aprobaba un primer, segundo o tercer retiro, tales serían las consecuencias, los efectos perniciosos, sobre las pensiones de las personas. Y haberle pedido: señor presidente, tome las medidas del caso y diseñe una política pública para neutralizar esta demanda, mediante una ayuda real, pertinente y efectiva para las personas.
Pero ello no ocurrió, y ante esa falta de visión y ayuda frente a los problemas de la gente, los parlamentarios, que somos sus representantes, solamente hicimos eco de la demanda de las personas, tomando la temperatura a la cuestión social, y cumpliendo con nuestro deber. Lamentablemente, el gobierno volvió a demostrar sus graves limitaciones de manejo y gestión política, así como su profundo desconocimiento de la realidad que viven miles de chilenos, al haber cumplido su anuncio de llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional.
De la misma forma –y como hemos señalado antes– los creadores del actual sistema y también sus administradores cayeron en su propia trampa, al recalcar permanentemente el argumento de la propiedad de los ahorros. Repitieron a la gente, “estos son sus fondos”. Y las personas, haciendo uso de la lógica más elemental, sacaron sus conclusiones: Si tenemos problemas, graves apremios económicos, hay una crisis, no tenemos trabajo, ¿Por qué entonces estos recursos, que se nos dijo que eran nuestros, no podemos sacarlos?
Para concluir con esta reflexión, quiero recalcar: aún cuando el tercer retiro de fondos previsionales tuvo nuestro apoyo en el Senado, el debate profundo, que no podemos seguir postergando, es que estamos en el momento de resolver un grave problema político-social de Chile: las pensiones de miseria que miles de personas reciben, después de una vida de trabajo, entrega y sacrificio.
Espero que el mundo político, las AFP y las empresas, sean capaces de sentarse a conversar un cambio real en el modelo de seguridad social chileno. De forma gradual y progresiva: la gran mayoría comprendemos perfectamente el funcionamiento de la economía, y no buscamos en ningún caso, echar la estantería abajo. Somos personas responsables, pero nos debemos a las necesidades de la gente.
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