Quiero manifestar mi inquietud y profunda preocupación por el importante aumento de los ataques violentistas y terroristas en contra de las personas y sus bienes que se continúan realizando por organizaciones ilícitas y de carácter terrorista en La Araucanía y en la Macro Zona Sur.
Sobre los últimos hechos ocurridos en la comuna de Carahue, en los que un vehículo con funcionarios municipales y la camioneta de un trabajador contratista del MOP fueron atacados, este último a balazos, no puedo dejar de expresar mi total repudio, y al mismo tiempo mi solidaridad con las personas que se vieron afectadas por aquellos brutales hechos.
Esta espiral de violencia y terrorismo requiere ser detenida con acciones urgentes por parte del Gobierno, entre las cuales debe estar la reposición del estado de excepción constitucional a la mayor brevedad, la que debe ser complementada con otras medidas que deben ser implementadas para dar seguridad a los habitantes de la región.
Dentro de aquellas medidas es de suma importancia generar instancias de diálogo y entendimiento con todos los sectores de La Araucanía que crean en las vías pacíficas de solución para los problemas de la región y que estén dispuestos a trabajar con las herramientas de la democracia y del Estado de Derecho, y no con aquellos que crean que el camino a seguir es el de la violencia, el terrorismo y la destrucción.
Es por lo anterior que recojo con gran preocupación el anuncio del Delegado Presidencial de La Araucanía, al señalar que el inicio del diálogo en la zona estará «mediado» por la Convención Constitucional, específicamente sobre las definiciones del órgano redactor respecto al reconocimiento de los Pueblos Originarios.
Le recuerdo al Delegado Allard que las normas de la Convención en este momento no pasan de ser un proyecto, que aún debe someterse a aprobación en un acto plebiscitario que se realizará en septiembre próximo, donde además corre el serio riesgo de ser rechazado por la ciudadanía. Por tanto, el Delegado está condicionando el inicio del diálogo, muy necesario ante la crisis de seguridad que hoy vivimos, a cuestiones tan futuras como inciertas, como lo son las disposiciones de un texto constitucional que aún no existe y que no se sabe si existirá.
Y La Araucanía ya no puede seguir esperando.
Con sus desafortunados dichos, el Delegado está generando mayores inseguridades para los habitantes de la región y entregando mayores espacios a las organizaciones ilícitas para que continúen con sus actos criminales.
No quiero pensar que el Delegado esté «chuteando la pelota», como se dice folkloricamente, ya que sería de suma gravedad para la región, frente a los problemas tan urgentes que nos plantea la violencia desatada en la región y de extrema irresponsabilidad, pues con ello está postergando el cumplimiento de sus deberes fundamentales como representante del Ejecutivo en La Araucanía, incurriendo en un abandono de sus responsabilidades.
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