La iniciativa permitió levantar un acabado diagnóstico de las causas suspendidas por el artículo 458, que regula la situación procesal de personas inimputables por enajenación mental.
Una detallada estrategia de seguimiento a las causas de personas en situación de inimputabilidad desarrolló durante 2021 la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía.
El objetivo principal de la iniciativa es mejorar la defensa de estas personas mediante la sistematización de las causas suspendidas por el artículo 458, su seguimiento, la eventual reactivación de gestiones e incluso la ‘curaduría ad litem’ en los casos en que sea necesario.
ARTÍCULO 458
Marcelo Pizarro, jefe regional de Estudios de la Defensoría y encargado del proyecto, explica que cuando el tribunal, la Fiscalía o la defensa detectan que una persona que está siendo juzgada puede ser inimputable respecto de los hechos por los que se le acusa, la ley establece que un informe médico-psiquiátrico debe pronunciarse sobre si existe o no enajenación mental en el imputado.
«Esto activa de inmediato un sistema de actuación distinto al tradicional proceso penal, que tiene por objetivo esperar el pronunciamiento del Servicio Médico Legal respecto de la situación mental del imputado. Es en estos casos cuando se habla de la aplicación el artículo 458 del Código Procesal Penal, que no es más que la suspensión del procedimiento penal mientras el SML desarrolla y emite los informes requeridos por el tribunal», señala Pizarro.
Junto con la suspensión del procedimiento, la ley también define que a la persona que se presume inimputable debe designársele un ‘curador ad litem’, quien debe “velar por los intereses y los derechos de los imputados, sin perjuicio de que la defensa -pública y privada tiene un rol de defender sus derechos desde el punto de vista técnico. Esta persona pasa a ocupar una suerte de representación de los derechos personales de los imputados”, aclara el directivo.
PROYECTO REGIONAL
Con todos estos argumentos, considerando la situación de vulnerabilidad de los imputados y la complejidad de los casos, la Unidad de Estudios analizó las causas vigentes que han sido suspendidas por el artículo 458, lo que permitió elaborar un catastro actualizado de causas, además de un diagnóstico de la situación procesal de cada una de ellas.
Esta exhaustiva labor fue iniciada por Constanza Muñoz y Roberto Westermeyer y luego asumida por Camila Mondaca y Danae Castro, todos alumnos en práctica de derecho. Guiados por profesionales de las unidades de Estudios y de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), los postulantes lograron identificar un total de 257 causas vigentes suspendidas por el citado artículo y luego entregaron información sistematizada a las defensoras y defensores públicos, contribuyendo a generar acciones tendientes a garantizar y respetar los derechos de los imputados.
CURADORES AD LITEM
Uno de los hallazgos relevantes del estudio fue la ausencia de curadores ad litem en 50 de las causas, dato a partir del cual Estudios abrió una segunda línea de trabajo: la designación de curadurías ad litem a los postulantes de derecho.
“Esto es un poco más complejo: en aquellos casos en que no existan personas habilitadas y disponibles para ser curadores y el juez no tenga a quién determinar, los postulantes las asumen y representan los intereses del imputado en el proceso”, sostiene el jefe regional de Estudios.
“En la región tenemos estas 50 causas en que no ha existido nadie, en definitiva, ningún familiar que se haga cargo de estas personas y del ejercicio de sus derechos en juicio. Cuando los postulantes asumen este rol obviamente que van en una línea con el interés del imputado, lo que se vincula con lograr los objetivos procesales”, detalla Pizarro.
DEFENSA INTEGRAL
Según el defensor público, el conocimiento adquirido sobre estas causas abrió un espacio de coordinación importante con las redes de apoyo necesarias para contribuir al avance de los casos, sumando a la labor de los alumnos el objetivo de vincular a sus representados con las familias, con los hospitales, los centros de salud familiar (cesfam) y otros organismos.
“Todo lo que se realiza, que puede ser extrajudicial, tiene un impacto judicial cuando nuestros postulantes curadores intervienen en las causas, exponen en audiencia todos los antecedentes recabados e incluso hacen propuestas de solución de conflicto o de modificación de medidas cautelares en algunos casos. Esto ha llevado que estos postulantes puedan alegar ante la Corte de Apelaciones y obtener resultados beneficiosos”, asegura.
Para Pizarro, el proyecto refleja la importancia de incorporar otras disciplinas en el abordaje de causas judiciales, lo que da sentido al concepto de defensa integral. “El sentido de estas líneas de trabajo se centra en lo que entendemos como defensa técnica, que deja de ser de artículos, de códigos de algún libro o autor y de la jurisprudencia, que te dicen cómo entender determinadas instituciones. Para que sea una defensa de calidad, se requiere ejercer una defensa integral, que se traduce en incorporar planteamientos y alegaciones de las otras ciencias sociales dentro del debate”, indica.
POSTULANTES
Danae Castro fue una de las ejecutoras del proyecto y debió intervenir en audiencias, representado a sus pupilos como curadora ad litem. «Hacer mi practica en este proyecto ha sido muy completo, porque tenemos nuestras propias causas (…) tuve la experiencia de alegar en dos Cortes de Apelaciones -Temuco y Valdivia- en favor de mis representados. Ha sido sumamente gratificante y de mucho conocimiento, sin duda una gran experiencia”, comentó.
Camila Mondaca, en tanto, valoró su rol en esta iniciativa y dijo que ésta contribuyó a su formación profesional. “Uno se aleja un poco del derecho, de lo que llevas 5 o 6 años estudiando y en lo que crees que va a ser tu práctica profesional porque comienzas a tener un trabajo mucho más integral al incorporar otras disciplinas en el ámbito del derecho, las que luego toman relevancia jurídica en la resolución. Eso es muy importante, enriquecedor”, dijo.
CONTINUIDAD
Tras la primera etapa, el proyecto se mantiene vigente. Para ello, proyecta cada seis mes la incorporación de nuevos alumnos en práctica, que asumirán el relevo de quienes ya terminan su proceso formativo en la institución.
Así, a través de una estrategia de capacitación de pares entre alumnos salientes y entrantes, junto con jornadas de inducción a cargo de distintos profesionales de la Defensoría Regional, la Unidad de Estudios de La Araucanía busca potenciar el proceso de práctica de los alumnos y, con ello, mantener el estándar de funcionamiento del proyecto.
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