Felipe Kast
Senador por La Araucanía
El terror en La Araucanía no da tregua. Es para todos conocido los recientes ataques que sufrió la ministra del Interior, Izkia Siches, y en el último tiempo hemos sido testigos de los numerosos atentados incendiarios, el tráfico de drogas, el incremento del robo de madera y los actos cobardes donde resultó herida la pequeña Monserrat o aquellos que terminaron con la vida de civiles y miembros de fuerzas policiales, como fueron los casos de Juan Barrios, Pedro Cabrera, Eugenio Nain y Luis Morales.
Para enfrentar estos hechos, lo primero que debemos hacer es reconocer que lo que tenemos al frente es terrorismo. El problema es que, amparándose en que la definición no está exenta de controversias y que esto solo se trata de delincuencia común, hay sectores de izquierda que han sido incapaces de categorizar los ataques como terrorismo y con eso han impedido que, como sociedad, nos hagamos cargo del problema.
Sin embargo, hay elementos comunes que nos ayudan a distinguir conductas terroristas de aquellas asociadas a la delincuencia común. Por ejemplo, la conducta terrorista contiene al menos las siguientes características: i) el uso de la violencia (ataques incendiarios, intimidación, amenazas y asesinatos de civiles y autoridades policiales); ii) la aplicación del terror (incendio a camiones, maquinarias, predios, iglesias, edificios públicos y amenazas a la población y autoridades para forzar decisiones); iii) la adjudicación de los actos (lienzos y panfletos con mensajes de la organización a la cual pertenecen reivindicando los hechos, haciendo alusión a una causa); iv) las acciones planificadas y mediatizadas (divulgan sus acciones por cualquier medio de comunicación disponible para legitimar la causa que defienden); v) una fuente ideológica definida (abolir el sistema capitalista, atacar a la Iglesia, fracturar las instituciones imperantes, promover el control, autonomía y resistencia territorial).
Todos estos elementos están presentes en los grupos armados que actúan en La Araucanía —llámese Coordinadora Arauco Malleco, Weichan Auka Mapu o La Resistencia Mapuche Lafkenche—, y que dicen representar tramposamente las demandas legítimas del pueblo mapuche (que es tremendamente maravilloso).
Excusarse en definiciones ambiguas para hacer caso omiso al problema que enfrentamos, no solo es un ataque tremendo a nuestro sistema democrático, sino también una falta gravísima a la dignidad humana por parte de las autoridades electas que han preferido la ideología por sobre la realidad.
Cabe recordar al gran intelectual español Fernando Savater, quien ha sido una de las voces más firmes contra el terrorismo de ETA: «Es indecente que, tras cada atentado, los mismos que dicen que la violencia terrorista es inaceptable nos recuerden que sin embargo existe un conflicto político. Una de dos: o el conflicto justifica la violencia (tesis de los violentos) o el uso de la violencia es el verdadero conflicto vasco que hay que resolver (tesis de los demócratas). El equilibrismo entre lo uno y lo otro no es un número del Cirque du Soleil sino un brindis al sol».
¿Cuándo vamos a entender que no hay nada heroico ni legítimo en las conductas que utilizan la intimidación y el terror en la ciudadanía?
La clase política debe condenar a cualquier persona o grupo que emplee medios violentos para materializar sus fines, puesto que están desconociendo el respeto a los derechos humanos y atentan contra las bases democráticas de nuestra sociedad. Hay que decirlo con todas sus letras sin condescendencia: la violencia en el sur del país es terrorismo. Y si la izquierda sigue con su cobardía, escondiendo o incluso justificando esta realidad, va a ser imposible vivir en paz.
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