Tras una extensa sesión, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de diputadas y diputados aprobó el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas más estrictas e incorpora mecanismos eficientes de restitución de los inmuebles usurpados.
En concreto, la nueva ley que se espera pueda modificar el Código Penal y actualizar la actual normativa que se encuentra próxima a cumplir 150 años de vigencia, permitiría castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia, es decir, que se pueda actuar contra los usurpadores durante períodos más amplios, y facilita la detención de los ocupantes.
Además, la iniciativa aprobada y que deberá ser votada para convertirse en Ley, entrega respaldo jurídico para que los directores de Serviu puedan deducir acciones y querellas respecto de ocupaciones o hechos constitutivos de delito, que se hayan cometido en el territorio de su competencia.
Gloria Naveillan, diputada independiente por La Araucanía, región en la que, actualmente, se registran más de mil usurpaciones de predios, adelantó que a fines de la próxima semana podría ser presentado el texto del proyecto, para su discusión y votación en sala. Asimismo, Naveillan valoró que, luego de tres años de dormir en el Congreso “logramos sacar adelante la ley de usurpación”.
Pese a lo anterior, la diputada Naveillan manifestó sus “sospechas” de que la iniciativa legal “se va a ir a tercer trámite o a comisión mixta, así que no va a ser tan rápido como quisiéramos”. Esto argumentó, porque “probablemente el Gobierno ponga algún obstáculo para que se demore un poco más”, considerando las sucesivas trabas que el oficialismo ha puesto al proyecto de ley de usurpaciones.
“Si es que todo funciona como creo, y si es que el Gobierno no sigue poniéndole la proa al proyecto, podríamos tener luz verde a partir de fines de septiembre u octubre”, advirtió la diputada por Malleco. Por ello, fiel a su estilo, la diputada Gloria Naveillan llamó “a encomendarse”, para contar con una ley que sancione con penas efectivas las tomas ilegales de terreno, tanto en La Araucanía como en otras zonas en las que se registran usurpaciones de predios privados.
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