El Consejo Constitucional culminó la tarea encomendada por la Ley 21.533 del 17 de enero del presente año. De acuerdo con esta misma normativa, la ciudadanía deberá pronunciarse en el Plebiscito, a realizarse el 17 de diciembre próximo.
Puestas así las cosas, y en estado de reflexión respecto del comportamiento político de los sectores que conformaron dicho Consejo, y del texto finalmente aprobado en esa instancia, corresponde tomar una decisión respecto de cómo votar para su aprobación o rechazo.
Una consideración general
Este segundo proceso constitucional no logró superar los ripios que sepultaron el primero de los procesos –salvo, probablemente, por el empleo de las normas de señorito y buenas maneras aprendidas en el Manual de Carreño, propias de nuestra clase alta, y de los siúticos que abundan por esos alrededores– en cuanto a creerse el cuento de que el sentido de su mandato era plasmar su propia visión e ideas, acerca de cómo organizar el Estado y distribuir el poder.
Pero olvidaron que, por esencia, una Constitución tiene por objeto –si es que quiere obtener gobernabilidad y estabilidad– el establecer unas reglas del juego para la sociedad que hagan sentido al conjunto de sus miembros, donde una mayoría circunstancial no aplaste a las minorías, y donde éstas sientan que dichas reglas permiten a todas y todos participar en igualdad de condiciones en la vida democrática del país.
Por el contrario los republicanos, el emergente nuevo partido de extrema derecha que el péndulo de la historia circunstancial llegó a alzar como el dominador del Consejo, impuso su tesis de mantener sustancialmente la Constitución de Pinochet, maquillándola con cierta retórica inconducente, y el correspondiente tufillo ultramontano de un catolicismo conservador; de pasada, consolidó su objetivo estratégico de constituirse en la nueva derecha de Chile, dejando a la derecha tradicional de Chile Vamos en el callejón sin salida de la sumisión. También arrastró a Demócratas y Amarillos, dejándolos sin otra alternativa que no sea formar parte de la derecha, y echando por tierra su tesis de que su salida de la Democracia Cristiana fue una supuesta falta de fraternidad, en circunstancias que era –y es, claramente– una cuestión ideológica.
De esa manera el Partido Republicano, con este proyecto de nueva Constitución –cuyo plebiscito aspira a ganar, por cierto– se apresta al asalto final de conquistar el gobierno del Estado, a través de los procesos electorales de 2024 y 2025, bajo su conducción hegemónica y relegando a Chile Vamos a un rol secundario de acompañante, y a Demócratas y Amarillos a simples comparsas.
De esta manera, la derecha chilena (en todas sus versiones) habrá cometido el error histórico de dejar pasar la oportunidad para lograr un consenso sobre las reglas del juego, en una Carta Fundamental que le haga sentido al conjunto del país para lograr estabilidad y gobernabilidad. En cambio, una vez más, ha preferido esconder los problemas bajo la alfombra, bajo un diseño cortoplacista, y mirando sus propios intereses de acumulación de poder.
En algún momento, estos problemas volverán a aflorar. Y, en este escenario, la pregunta que se formulan millones de chilenos y chilenas es qué hacer el próximo 17 de diciembre.
Hay que votar En Contra
Una Constitución Política es la primera ley de un Estado. Es la Ley Fundamental que tiene por objeto fijar las reglas del juego de la sociedad, de cómo se organizará el poder, y cuáles serán los derechos de sus ciudadanos.
Por ello, la clave es que los ciudadanos sientan que sus normas los interpretan, y que son parejas para todas y todos; pero no que un sector se las impone al resto, o que valiéndose de una mayoría circunstancial (los republicanos, en este caso) hace unas reglas del juego como traje a su medida.
El problema central de Chile en estos últimos 40 años es que estamos divididos por las reglas del juego que impuso Pinochet en la dictadura, y que no obstante muchas modificaciones, se mantienen en su núcleo central –una sociedad inspirada en el individualismo y regida por el mercado–. No es que el país no crea en la autonomía de las personas, y en el rol que juega el mercado en la economía; lo que se rechaza es la creencia (como lo sostienen los neoliberales) de que el ser humano navega solo por la historia, y que en la vida tenga que rascarse por sus propias uñas. En dicho paradigma se descarta toda política que se inspire en la colaboración, en la solidaridad y en la fraternidad; el individualismo nos lleva a endiosar el rol del mercado, en el sentido que todo es fijado por la ley de la oferta y la demanda, y por ende todo se transa, todo se compra y todo se vende. Ya lo dijo el expresidente Piñera: “La educación es un bien de consumo”.
Esto ha llevado en Chile a un capitalismo extremista y neoliberal, al revés de lo que ocurre en Europa y otras partes del mundo, donde la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, las pensiones y la seguridad social son bienes sociales que no se transan en el mercado. Se trata del Estado Social y Democrático de Derecho.
Pero los republicanos, y la derecha, piensan que todo lo determina el mercado; por eso, en estos últimos 40 años, han hecho de la salud, de la educación y de las pensiones un negocio, favoreciendo a los grandes grupos económicos que defienden con dientes y muelas el negocio de las Isapres, las AFP y los colegios privados de las grandes ciudades a lo largo del país. Y ahora, el texto de este proyecto establece un estado social y democrático de derecho (así, con minúsculas) que es enrevesado, contradictorio, ineficiente e ineficaz.
Son precisamente los grupos económicos, los que están detrás del financiamiento de las campañas políticas de aquellos que favorecen sus intereses. Mientras, nosotros desde la centroizquierda, decimos que el mercado juega un rol en la economía y en la fijación de los precios, pero que hay ciertos bienes como la salud, la educación y las pensiones, que son derechos sociales con los cuales no se puede lucrar y deben estar fuera del mercado. No se puede hacer negocios con las necesidades fundamentales de la gente.
Este proyecto (de los republicanos y la derecha) mantiene la situación que es el paradigma de la Constitución de Pinochet, y por ende no resuelve la división de los chilenos que nos acompaña por más de 40 años, con una salud, una educación y una seguridad social para los ricos y pudientes, y otra para los sectores medios y pobres, con todas las carencias y desigualdades que el país conoce.
Botones de muestra de esta ideología que inspira a los republicanos y compañía son ciertos rasgos conservadores presentes en el texto, como el establecimiento de que los más ricos y pudientes del país no paguen contribuciones de bienes raíces –porque hoy el 77% de los propietarios en Chile no paga contribuciones–, el retroceso con respecto a los derechos de las mujeres, o la objeción de conciencia de las instituciones.
Respecto de la zona que represento como senador, persiste la invisibilidad, una vez más, de la relación de los pueblos originarios con el Estado. Ésta sólo queda con una mención en papel, que es completamente carente de contenido real.
Por ello, creo que los constitucionalistas de la DC sintetizan bien las características de este proyecto, hecho a la medida por una ultraderecha representada en el Partido Republicano, y acompañada por la derecha tradicional junto a otros grupos pequeños: este es un proyecto de Constitución partisano, programático, contradictorio, populista, ineficiente e ineficaz.
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