Diputado Stephan Schubert
Distrito 23
Partido Republicano
Se cumplen tres años del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur decretado por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Desde mi rol como parlamentario de la República, surgen varias reflexiones respecto al complejo balance de estos más de 1.000 días en nuestra región.
En primer lugar, destacar que desde la implementación se ha visto una evidente disminución en la cantidad de hechos de violencia en la Macrozona sur, pese a que hemos registrado uno de los ataques más violentos de las últimas décadas durante este 2025: en la comuna de Santa Bárbara.
A su vez, el Estado de Excepción ha permitido que la Fiscalía realice de mejor forma su labor y las policías puedan trabajar con la cobertura del Ejército. No obstante, es de público conocimiento que el despliegue militar no alcanza para asegurar una presencia robusta de resguardo armado en todas las zonas afectadas, pese a que contamos con más de 1.500 funcionarios de las Fuerzas Armadas en terreno.
Ahora bien, observo con preocupación y alarma el hecho de que como vecinos de la Macrozona sur ya nos “acostumbramos” al Estado de Excepción, lo que genera una falsa sensación de seguridad y provoca que el actual Gobierno no aborde la situación de fondo. Este Gobierno está con el paliativo para bajar la fiebre, pero no ataca la enfermedad. La Macrozona Sur no puede ni debe seguir con parches. El gobierno ha asumido una postura de resignación frente a la posibilidad de buscar soluciones que realmente busquen fortalecer la seguridad y el desarrollo económico de nuestra región.
Los tres años de Estado de Excepción significan un gasto público en despliegue militar de $23 mil millones, cifras que nos preocupan y nos ocupan, sobre todo viendo los problemas de presupuesto que nos han ido denunciando diferentes organismos estatales de las comunas de la región de La Araucanía que recorremos semana a semana.
Esta medida se ha prorrogado 56 veces en tres años, y tengo la firme convicción que esta situación no puede eternizarse. No nos hace bien como sociedad y tampoco nos permite avanzar en la solución definitiva.
Esta Administración ha sido lenta en la ejecución. Un ejemplo de ello es el dron Camcopter S-100, que costó US$7 millones y tardó más de cuatro meses en comenzar a sobrevolar la zona. También la creación de un Ministerio de Seguridad con Seremis subrogantes que no son idóneos para un cargo tan relevante y la demora en la elección del Seremi definitivo; ya ha pasado un mes y medio de su designación.
Durante estos tres años, hemos puesto el énfasis en señalar que en la Macrozona Sur existe terrorismo y que debemos abordar esta problemática con seriedad. Por ello, invitamos al Ministro de Seguridad, Luis Cordero, a recorrer La Araucanía y conocer en terreno la realidad que enfrentamos, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. No queremos visitas fugaces ni opiniones superfluas; exigimos acciones concretas y gestos claros que demuestren que este Gobierno realmente se preocupa por nuestra región. Es fundamental implementar una estrategia integral para enfrentar el terrorismo, con el objetivo de desbaratar a las bandas organizadas que operan en la zona. La cultura de la violencia ha hecho mella y tiene frenada nuestras ciudades en desmedro de la falta de gestión y de voluntad política del Ejecutivo.
En conclusión, tras tres años de Estado de Excepción en la Macrozona Sur, ha quedado demostrado que si bien esta medida ha permitido contener parcialmente la violencia, no ha sido capaz de erradicar el problema de fondo. La prolongación indefinida del estado de emergencia, el gasto millonario sin resultados estructurales y la lentitud del Gobierno en adoptar decisiones estratégicas evidencian que ya no bastan los paliativos ni las soluciones parche. La situación exige una respuesta de fondo, seria, decidida y estructural, que enfrente con claridad el terrorismo, refuerce el Estado de derecho y restituya de forma permanente la seguridad y la paz en la región.
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