La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la inhabilitación de la magistrada Viviana García Utreras, quien fue recusada por el Consejo de Defensa del Estado debido a un parentesco con una funcionaria del GORE y su vínculo con uno de los acusados en la causa.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por los ministros Álvaro Mesa Latorre, Carlos Gutiérrez Zavala y el fiscal judicial Óscar Viñuela Aller, resolvió confirmar la inhabilitación de la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García Utreras, en el marco de la investigación conocida como la arista Manicure del Caso Fundaciones.
La decisión se adoptó luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitara la recusación de la magistrada, argumentando que su prima, Katiuska Retamal Utreras, se desempeña como funcionaria del Gobierno Regional de La Araucanía, entidad desde la cual se habrían transferido fondos a las fundaciones investigadas. Además, se expuso que la funcionaria mantiene una relación de amistad con Juan Pablo Leonelli Lepín, uno de los imputados por fraude al fisco en esta causa.
En la audiencia correspondiente, la propia jueza reconoció el vínculo y se inhabilitó voluntariamente para continuar conociendo la causa. “En esa audiencia la jueza se inhabilitó para conocer de esta causa”, indica la resolución del tribunal de alzada, que confirma la medida adoptada y formaliza su exclusión del caso.
Con esta determinación, la jueza queda impedida de intervenir en cualquier decisión relativa a esta investigación, en la que se encuentran ocho personas acusadas, quienes próximamente enfrentarán juicio oral por su presunta participación en un fraude relacionado con el uso de 730 millones de pesos transferidos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc.
La resolución de la Corte permitirá destrabar el avance del proceso judicial, habilitando al tribunal competente para fijar la audiencia de preparación de juicio oral y continuar con el desarrollo de la causa.
El Caso Manicure, una de las aristas del denominado Caso Fundaciones, ha sido objeto de atención pública debido a los presuntos desvíos de fondos públicos en convenios suscritos entre el Gobierno Regional y organizaciones privadas, y la implicancia de actores con vínculos personales y políticos.
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