La auditoría detectó que el 100% de las instituciones fiscalizadas —incluidas el Servicio de Salud Araucanía Norte y las municipalidades de Pucón y Collipulli— no pudo respaldar la razonabilidad de sus cifras. El informe revela una crisis nacional que compromete $15,9 billones en recursos públicos.
La Región de La Araucanía figura directamente entre las entidades observadas por la Contraloría General de la República en su Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2), informe que reveló que ninguna de las 73 instituciones públicas auditadas entre 2020 y 2024 logró validar sus estados financieros. Entre ellas se encuentran el Servicio de Salud Araucanía Norte, además de las municipalidades de Pucón y Collipulli, lo que instala una alerta inmediata sobre la situación financiera del aparato público regional en general.
El reporte establece que en el 100% de los casos se aplicó “abstención de opinión”, una categoría técnica -la más gravosa- que significa que los auditores no pudieron confirmar la razonabilidad ni la confiabilidad de las cifras presentadas, debido a la falta de evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables.
Si bien el universo auditado corresponde a una muestra —50 organismos del Gobierno Central y 23 municipalidades—, el volumen de recursos comprometidos y la reiteración de las mismas fallas permiten inferir que la crisis podría extenderse a gran parte del sistema público, afectando tanto a ministerios como a gobiernos regionales y municipios, incluidos aquellos de La Araucanía que no fueron directamente fiscalizados en este proceso.
Según la Contraloría, las principales causas de la abstención de opinión fueron controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias no aclaradas, ausencia de análisis que explique y sustente las cifras reportadas y deficiencias críticas en los sistemas informáticos y de control de tecnología de la información. Estas falencias impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera, afectando la toma de decisiones estratégicas y elevando el riesgo de errores graves, mala gestión o eventuales fraudes.
El informe cuantifica en $15,9 billones de pesos —equivalentes a cerca de US $17.300 millones— los recursos involucrados en este desorden financiero, monto que representa aproximadamente un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. De ese total, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, lo que da cuenta de un problema transversal en la administración del Estado.
Para La Araucanía, el escenario resulta especialmente sensible, considerando la alta dependencia de servicios públicos en áreas críticas como salud, vivienda, educación y programas sociales, y el impacto directo que una gestión financiera deficiente puede tener en la ejecución de políticas públicas y en la vida cotidiana de las comunidades, particularmente en comunas rurales y con mayores niveles de vulnerabilidad.
Como resultado de las auditorías, la Contraloría dispuso 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, reflejando la magnitud de las irregularidades detectadas.
El listado de entidades fiscalizadas —que incluye ministerios, servicios públicos estratégicos y municipalidades de distintas regiones del país— refuerza la conclusión de que no se trata de casos aislados, sino de una falla estructural en los estándares de control, transparencia y rendición de cuentas del sistema público chileno.
El informe deja planteada una señal de alerta mayor: sin una reformulación profunda de los sistemas contables, de control interno y de fiscalización, el Estado —tanto a nivel central como municipal— enfrenta serias dificultades para responder con eficiencia, transparencia y credibilidad a la ciudadanía, una preocupación especialmente relevante para regiones como La Araucanía, donde la confianza en las instituciones ya se encuentra tensionada.
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