Un intenso debate político y social se instaló en La Araucanía luego de conocerse que el Gobierno adquirirá, mediante expropiación, cerca de 100 de las 215 hectáreas que conforman la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio. Según explicó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el objetivo es expropiar y urbanizar el sector ocupado ilegalmente, para lo cual se requieren $11 mil millones.
El problema —según parlamentarios y dirigentes de vivienda— es el origen de esos recursos. Como no están contemplados en el presupuesto vigente del MINVU, serían obtenidos desde obras que este año no se ejecutaron en regiones como Coyhaique, Chiloé, Los Ríos, Ñuble y La Araucanía. Esto ha generado profunda molestia entre beneficiarios de proyectos locales que deberán seguir esperando.
El diputado por La Araucanía, Miguel Becker, cuestionó duramente la reasignación presupuestaria. “A tres meses de finalizar este gobierno nos encontramos con que siguen haciendo barbaridades. Ahora, comprando un terreno de casi 100 hectáreas, en más de 11 mil millones de pesos, y pretenden tener esos recursos, sacándole recursos a las regiones”, afirmó.
Becker, recientemente electo senador por una de las zonas afectadas, agregó que la medida representa un trato desigual. “Este loteo y toma irregular de San Antonio, sin duda se está saltando la fila y pasando adelante de personas que llevan hasta 20 años esperando tener su casa propia”, señaló.
El parlamentario también hizo un llamado directo al Ejecutivo: “Al señor ministro y al señor Presidente: no sigan adelante con esto, porque es una falta de respeto a todas las personas que hoy están esperando” una vivienda obtenida de forma transparente y conforme a la ley.
La molestia no se limitó al mundo político. Dirigentas de comités de vivienda de la región aseguraron que esta decisión afecta directamente a familias que llevan años, e incluso décadas, aguardando soluciones habitacionales.
Sabrina Vega, presidenta del Comité Padre Alberto Hurtado de Gorbea, expresó su indignación: “Nuestro comité lleva 20 años de espera por una solución habitacional”. Relató que en reuniones con Serviu Araucanía y el MOP “la respuesta fue que no hay recursos disponibles”. Por ello, lamentó que “fondos que originalmente son de nuestra región de La Araucanía sean redirigidos para financiar una expropiación de la megatoma donde serán beneficiadas personas que están de forma irregular en nuestro país”. Agregó que en la región “existen comités históricos esperando por décadas una solución habitacional con paciencia y de forma legal”.
Desde Pitrufquén, Marisel Ibarra, presidenta del Comité de vivienda del Río Toltén, que reúne a 159 familias, también manifestó preocupación: “Nuestro profundo rechazo hacia las acciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo, los cuales utilizarán 11 mil millones de pesos para expropiar los terrenos de la llamada Megatoma de San Antonio en la Región de Valparaíso”.
Sostuvo además que “esos dineros serán sacados de proyectos no ejecutados de las regiones del sur de Chile, dejando sin financiamiento a iniciativas de larga data y afectando “a familias que llevan más de cinco, diez, incluso 20 años esperando su vivienda propia”.
La decisión del Gobierno no solo activó críticas por la priorización de recursos, sino que también reabrió la discusión sobre el destino de fondos habitacionales en un año marcado por retrasos en la ejecución presupuestaria regional.
Mientras el MINVU sostiene que la expropiación permitirá ordenar urbanísticamente un asentamiento irregular complejo, en La Araucanía el anuncio fue interpretado como una señal preocupante: los dineros destinados a proyectos habitacionales locales podrían ser desviados para responder a una ocupación ilegal en otra región.
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