Tras obtener un nuevo cambio en su medida cautelar, el parlamentario continúa recibiendo su dieta y mantiene activo a todo su equipo de apoyo, cuyo financiamiento ha significado más de $100 millones en recursos públicos.
El diputado desaforado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al Fisco en la arista Manicure del Caso Convenios, volvió a estar en el centro del debate público luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco modificara por quinta vez su medida cautelar, dejándolo esta semana con arresto domiciliario total, en reemplazo de la prisión preventiva que cumplía desde enero.
El cambio judicial, sin embargo, reabrió otra discusión: el costo que ha tenido para el Estado sostener a un parlamentario que no ha ejercido funciones durante prácticamente un año.
De acuerdo con los datos de transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ojeda ha seguido recibiendo su dieta bruta mensual de $7.348.983, lo que se traduce en más de $88 millones desde enero a la fecha.
Pero el monto más significativo proviene de su equipo de apoyo parlamentario, compuesto por cinco funcionarios contratados de manera regular, con un gasto mensual total de $8.863.486. Entre ellos destaca su jefa de gabinete, quien percibe $3.608.905 mensuales, cifra que representa más del 40% del gasto total del equipo.
Con los gastos publicados hasta agosto —y sin registro de suspensión de contratos—, los montos muestran que el equipo completo se mantuvo financiado aun cuando el parlamentario estaba imposibilitado de ejercer. Considerando el periodo enero–agosto, esto equivale a más de $70,9 millones, y la proyección anual supera los $106 millones.
La suma entre dieta parlamentaria y personal de apoyo arroja una cifra que bordea los $200 millones en solo un año, en el que el legislador no ha podido cumplir labores legislativas ni territoriales debido a su situación judicial.
El diagnóstico de fondo, sin embargo, sigue generando inquietud en especialistas y actores políticos: la legislación actual no contempla mecanismos para suspender remuneraciones o estructuras de apoyo en casos de desafuero prolongado o prisión preventiva, lo que deja al Estado sosteniendo costos significativos incluso cuando el parlamentario está impedido de ejercer.
El caso de Ojeda y el de otros parlamentarios, como Catalina Pérez, por el caso Democracia Viva, se han transformado en ejemplos de esta vacancia normativa. Mientras, la causa penal del ex parlamentario continúa avanzando en el Tribunal de Garantía de Temuco.
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