Desde fines de su primer mandato, el alcalde Roberto Neira enfrenta querellas por presunto fraude al fisco y un concejo dividido. La concejala Claudia Peñailillo lidera las acusaciones, mientras aliados del jefe comunal intentan contrapesar la ofensiva judicial con denuncias y cuestionamientos políticos.
En 2023 comenzaron a evidenciarse roces entre el alcalde de Temuco, Roberto Neira, y la concejala Claudia Peñailillo (entonces militante de RN). Uno de los episodios iniciales ocurrió en mayo de 2023, cuando Peñailillo –presidenta de la Comisión de Seguridad del concejo– impulsó la aprobación de $470 millones para fortalecer la seguridad pública de la comuna. La propuesta enfrentó críticas de sus pares, en especial del concejal Alejandro Bizama (ex PPD), cercano al alcalde, quien cuestionó la necesidad de chalecos antibalas para inspectores municipales y minimizó los índices de delincuencia.
Peñailillo respondió movilizando apoyo ciudadano: decenas de vecinos asistieron al concejo con letreros de “SÍ” para presionar a favor del presupuesto, logrando finalmente su aprobación unánime. Este episodio reveló tempranas tensiones internas: mientras los concejales afines a Neira manifestaban reparos (atribuibles, según Peñailillo, a “sesgos ideológicos” de izquierda, la concejala emergió como una voz fiscalizadora firme incluso dentro de la misma coalición. De hecho, en mayo de 2023 Peñailillo decidió afianzar su posición política uniéndose formalmente a Renovación Nacional –partido opositor al alcalde– destacando su compromiso con agendas de seguridad y control migratorio. Esto anticipó su rol como principal figura de oposición en el concejo durante los años siguientes.
2024: Fiscalización intensificada y escalada de tensiones
En 2024 el clima de confrontación subió de tono, a medida que Peñailillo intensificó sus denuncias de irregularidades y Neira buscó contener los cuestionamientos.
En abril de 2024, la concejala –quien ya venía solicitando auditorías externas y transparencia en la gestión municipal– sufrió una grave amenaza. Recibió a través de Instagram un mensaje anónimo con una fotografía de la fachada de su casa, insinuando que sería asesinada. Peñailillo guardó silencio inicialmente, pero finalmente denunció el hecho ante la Fiscalía y lo atribuyó a las medidas que ella estaba promoviendo en materia de seguridad.
El alcalde Neira repudió públicamente la amenaza y coordinó protección policial en el domicilio de la concejala. Este inusual episodio unió momentáneamente a ambos adversarios en condenar la violencia; sin embargo, marcó cómo la labor fiscalizadora de Peñailillo estaba generando reacciones fuertes (posiblemente de actores afectados por sus denuncias).
Hacia fines de 2024, Peñailillo focalizó sus esfuerzos fiscalizadores en presuntos conflictos de interés y mal manejo de fondos municipales. En particular, puso la mira en el administrador municipal Ricardo Toro (hombre de confianza de Neira). La concejala recabó antecedentes de que Toro –quien asumió en 2021 tras ser director de planificación (Secplan)– había favorecido con licitaciones millonarias a empresas ligadas a una antigua empleadora suya. Entre ellas figuraban Socosur e Icosen, compañías vinculadas a la firma Idela en la que Toro trabajó antes de entrar al municipio.
Según la denuncia de Peñailillo, Socosur recibió más de $2.000 millones en 2022 (contrato firmado por el propio Toro como director de Secplan) y Icosen obtuvo en 2023 otra licitación por $200 millones para una obra en Labranza, siendo Idela propietaria del 90% de esta última. Estos vínculos levantaron sospechas de negociación incompatible y tráfico de influencias.
A finales de 2024, Peñailillo solicitó formalmente una investigación sumaria para esclarecer el rol de Toro en dichas adjudicaciones, advirtiendo que “no voy a permitir que la municipalidad adjudique licitaciones a empresas donde trabajó el actual administrador”. Aunque el sumario fue pedido en diciembre de 2024, no registraba avances meses después, lo que preparó el terreno para que el conflicto escalara públicamente al año siguiente.
2025: Querellas cruzadas, quiebres políticos y respaldo dividido
Investigaciones por contratos irregulares: El año 2025 estuvo marcado por un abierto enfrentamiento entre Neira y Peñailillo en los frentes judicial y político. A mediados de año estalló el caso del administrador Ricardo Toro. En junio-julio, Peñailillo hizo pública la denuncia sobre las licitaciones a empresas ligadas a Toro, acusando un conflicto de interés por más de $5.000 millones en contratos municipales.
La revelación causó revuelo: la concejala anunció que solicitaría la destitución de Toro y llevaría los antecedentes a Contraloría y el Ministerio Público. Como respuesta, el 10 de julio de 2025, en una sesión del Concejo con alta expectación (y funcionarios municipales abarrotando la sala), los concejales debatieron el futuro de Toro. Pese a la gravedad de las acusaciones, nueve ediles (oficialistas y opositores) decidieron unánimemente no votar su remoción inmediata, optando en cambio por pedir una investigación sumaria interna para verificar los hechos.
Cabe señalar que Peñailillo estuvo ausente por problemas de salud que la mantuvieron hospitalizada en la Clínica Red Salud en los días en que se efectuó esa sesión, y su solicitud original fue la de investigar, más que destituir sin indagatoria. Concejales como Pedro Greve (Partido Republicano) y Mario Jorquera (UDI) explicaron públicamente que “no contaban con todos los antecedentes” para cesar a Toro y que lo procedente era esperar resultados formales.
Desde el entorno de Peñailillo se aclaró que jamás se buscó un “juicio sumario” político, sino activar mecanismos de control ante potenciales faltas a la probidad. Aunque el concejo descartó debatir la destitución, también ofició la denuncia a Contraloría para que investigue a Toro. Este episodio evidenció divisiones: por un lado, un sector mayoritario del concejo respaldó investigar con seriedad (incluso colegas de oposición moderaron la urgencia de Peñailillo); por otro, la ausencia de la concejala en ese momento crítico generó percepciones de que el cuerpo colegiado había “protegido” al funcionario, algo que los ediles negaron afirmando que solo seguían el procedimiento institucional.
Denuncias contra funcionarios de confianza de Neira
Paralelamente, Peñailillo continuó destapando posibles irregularidades en otras áreas. El 30 de agosto de 2025 levantó públicamente una denuncia de tráfico de influencias en contratos del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato –otra arista del caso de probidad municipal. Apuntó a la empresa Paradigma Sur SpA (propiedad de Josué Bustamante), que desde 2021 había ganado licitaciones por $490 millones en aseo de ciclovías, áreas verdes y otros servicios.
Esos contratos habían sido evaluados y supervisados por el director de Aseo, Gustavo Fuentes Barra, quien en cada proceso declaró no tener conflictos de interés. Sin embargo, Peñailillo presentó pruebas de una íntima amistad entre Fuentes y el empresario (viajes juntos a Playa del Carmen, reuniones sociales, etc.), lo que de confirmarse violaría la Ley de Probidad Administrativa por no haberse inhabilitado el funcionario.
Expertos señalaron que estos hechos podrían constituir delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documento público, con posibles sanciones penales además de administrativas. La concejala exigió que los órganos competentes investiguen de oficio, dado que Paradigma Sur seguía ejecutando convenios vigentes hasta 2025 bajo la supervisión de Fuentes. Esta denuncia añadió un nuevo foco de tensión política en el municipio, tocando nuevamente a un colaborador directo de Neira.
Reestructuración municipal y críticas públicas: ¿Esto es un premio o un castigo?
A comienzos de septiembre de 2025, Neira reaccionó intentando reordenar las piezas en el municipio. Anunció ante las críticas, cambios que no fueron más que un enroque de directivos en seis reparticiones, que fue duramente cuestionado por Peñailillo.
El 3 de septiembre, el alcalde confirmó cambios en Educación, Deportes, Tránsito, Operaciones, Rural y especialmente en Medio Ambiente/Aseo: Gustavo Fuentes (el director cuestionado) fue removido de Aseo y Ornato pero inmediatamente trasladado a dirigir el Departamento de Operaciones, mientras que en su puesto anterior fue nombrado Miguel Ángel Acuña, un exdirector de Aseo a quien Neira había destituido al inicio de su mandato.
En la siguiente sesión de concejo, Peñailillo enfrentó directamente a Neira, calificando la maniobra de incoherente. Con visible ironía preguntó al alcalde “¿esto es un premio o un castigo?”, subrayando que parecía que Fuentes –pese a estar sometido a un sumario administrativo y “en el ojo del huracán” mediático– solo había sido movido “a la oficina de al lado” en vez de recibir una sanción efectiva.
También le recordó que Acuña, ahora reinstalado, fue retirado por supuestas falencias al comienzo de la administración, por lo que revivirlo en el cargo podía generar sospechas en la ciudadanía. La concejala demandó medidas más drásticas y anunció que llevaría estos antecedentes de los enroques a la Contraloría General de la República, advirtiendo que “la confianza ciudadana en el municipio está seriamente en juego”.
Neira, por su parte, defendió los cambios como parte de sus atribuciones administrativas. Ese mismo 3 de septiembre, buscando aplacar críticas, ordenó la apertura de un sumario interno contra Gustavo Fuentes por el caso Paradigma Sur, alegando que dio la instrucción “apenas tomó conocimiento” de los hechos denunciados.
El alcalde declaró que “la ley es clara” y que “si alguien se tiene que abstener, se tendrá que abstener”, reconociendo implícitamente la gravedad de que un director adjudique contratos a una empresa de un amigo. A la vez, Neira intentó minimizar el asunto afirmando que las licitaciones cuestionadas “cumplieron con todos los requisitos que establece la ley”, sugiriendo que no habría irregularidad legal aunque sí un eventual error ético de Fuentes. En resumen, el alcalde quiso mostrar mano dura iniciando la investigación interna, pero la permutación de cargos fue percibida por la oposición como un movimiento para proteger a sus cercanos en vez de sancionarlos, alimentando el clima de desconfianza.
Querella de Peñailillo contra Neira y respuesta del alcalde
La confrontación alcanzó su pico en septiembre cuando la disputa política derivó en acciones judiciales formales. El 9 de septiembre de 2025, Claudia Peñailillo concretó lo que venía anunciando: presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Temuco contra el alcalde Roberto Neira, el director Gustavo Fuentes y representantes de dos entidades privadas (la Fundación Cumplido Circular y la empresa Grupo Verde SpA).
Esta acción legal acusó graves delitos económicos en el manejo de subvenciones municipales para programas de reciclaje de plástico. En detalle, la querella sostiene que desde 2022 el municipio entregó cerca de $150 millones a la fundación Cumplido Circular (encabezada por Jorge López Cumplido) para proyectos de reciclaje, pero esos fondos habrían sido triangulados de forma irregular: la fundación subcontrató a Grupo Verde SpA, empresa manejada de facto por la hermana del propio López Cumplido, y se reportaron gastos inflados o rendiciones fraudulentas.
Por ejemplo, se denunció lucro indebido con la venta de plásticos recolectados en Temuco (material que terminó revendido en Santiago sin respaldo documental) y la publicidad engañosa de supuestas donaciones de plazas comunitarias hechas con plástico reciclado –siete plazas anunciadas que nunca contaron con decretos ni permisos municipales formales.
La querella atribuye responsabilidad a Neira en su calidad de máxima autoridad comunal y firmante de las resoluciones que aprobaron esas subvenciones: alega que el alcalde no solo omitió fiscalizar adecuadamente, sino que podría tener participación directa en los hechos, ya sea como autor, coautor o encubridor. Se invocaron delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, falsificación de instrumento público y lavado de activos, entre otros.
El alcalde Neira reaccionó negando tajantemente las imputaciones y defendiendo su gestión. Aseguró estar “tranquilo” porque a su juicio “no han cometido ningún delito” en la implementación del programa de reciclaje. Explicó que el convenio con la fundación Cumplido Circular era fiscalizado regularmente y que las rendiciones financieras estaban a disposición de los concejales, por lo que le sorprendía que ahora se hablara de “triangulación”.
Reconoció sí que en alguna oportunidad la fundación emitió facturas antes de recibir la subvención (gastando por adelantado), pero afirmó que en cuanto detectaron ese procedimiento ordenaron la restitución inmediata de los fondos y que “nunca han detectado situaciones irregulares con Cumplido Circular”.
Neira lamentó el daño a su honra y a la de los funcionarios involucrados, pero dijo estar dispuesto a entregar todos los antecedentes que requieran las autoridades investigativas. Resaltó que la admisibilidad de la querella (lograda posteriormente) solo implicaba que se cumplirían los requisitos formales para investigarla, no una sentencia de culpabilidad.
Efectivamente, pocos días después, la acción judicial de Peñailillo logró avanzar en tribunales: el 26 de septiembre de 2025 la justicia declaró admisible la querella contra Neira, Fuentes, la fundación y Grupo Verde. Esto significó que la denuncia cumplía con los requisitos legales y se iniciaría una investigación de fondo por parte del Ministerio Público.
La noticia confirmó públicamente los ejes de la acusación: la entrega de $150 millones a Cumplido Circular para reciclaje de plástico, la subcontratación a Grupo Verde (empresa familiarmente vinculada a la fundación) y presuntas rendiciones duplicadas, falta de sustento documental en donaciones de infraestructura y posible malversación de los recursos municipales.
La admisibilidad representó un triunfo inicial para Peñailillo, poniendo a Neira en la inédita situación de ser investigado penalmente durante su mandato.
Contrataque de adherentes del alcalde contra Peñailillo
Frente a las arremetidas judiciales de la concejala, allegados y colaboradores de Neira no permanecieron pasivos, sino que desplegaron acciones para restarle credibilidad y frenar su impulso fiscalizador.
Un ejemplo claro fue protagonizado por el propio Gustavo Fuentes, el director acusado en los casos de licitaciones: a mediados de septiembre, días después de la querella, Fuentes presentó una denuncia contra Peñailillo invocando la “Ley Karin” (Ley 21.643), normativa reciente que sanciona el acoso laboral en el sector público. Fuentes alegó ser víctima de hostigamiento por parte de la concejala, debido a las afirmaciones y gestiones fiscalizadoras que ella había realizado en torno a las irregularidades contractuales. En otras palabras, intentó judicializar la labor fiscalizadora de Peñailillo, acusándola de excederse y convertirla en presunto acoso hacia él como funcionario.
La Contraloría Regional de La Araucanía tramitó rápidamente esta denuncia y, mediante la Resolución Exenta E19982 del 26 de septiembre de 2025, decidió rechazarla de plano. El dictamen de Contraloría fue firme: las actuaciones de la concejala se enmarcaban en su rol fiscalizador legal (según la Ley Orgánica de Municipalidades Nº18.695) y “no revestían entidad suficiente para ser calificadas como acoso laboral” conforme a la Ley 21.643.
En síntesis, el órgano de control frenó el intento de Fuentes de llevar el conflicto al terreno del acoso, sentando un precedente de que las denuncias de corrupción o irregularidades hechas por un concejal no pueden ser silenciadas vía Ley de Maltrato Laboral. Este fallo confirmó y respaldó el rol fiscalizador de Peñailillo, protegiéndola institucionalmente frente a esa arremetida.
Casi en paralelo, adherentes políticos del alcalde y partidarios de su gestión criticaron públicamente a Peñailillo, buscando socavar su autoridad moral debido a su ausentismo en el concejo. El caso más notorio fue el del concejal Alejandro Bizama, aliado del Frente Amplio, quien recientemente la acusó de “abandono absoluto” de sus deberes.
En recientes declaraciones a la prensa local, Bizama recordó que Peñailillo había acumulado 16 inasistencias a sesiones en dos años, justificadas con licencias médicas prolongadas. Señaló que, bajo su presidencia, la Comisión de Seguridad prácticamente no funcionó en 2025 (solo se convocaron dos reuniones en todo el año) porque la concejala no delegó su rol durante su ausencia por enfermedad, paralizando la labor de dicha comisión. Y, aunque administrativamente las licencias no configuraban infracción y fue de conocimiento público la situación de salud de la concejala, igualmente desató cuestionamientos éticos.
Bizama criticó que Peñailillo hiciera “la pega de concejal desde la casa o el teléfono” y exigió que “hay que volver al terreno”, pidiendo que si ella no podía ejercer plenamente sus funciones de presidencia de comisión, permitiera que otro la asumiera para no seguir postergando temas de seguridad.
Estas críticas, amplificadas en medios, sirvieron para contrarrestar políticamente las ofensivas de Peñailillo: mientras ella cuestionaba la probidad del alcalde y su equipo, el oficialismo ponía en duda la dedicación y legitimidad de la concejala para fiscalizar, debido a sus ausencias.
Choques finales
En los primeros días de octubre de 2025, con la querella ya admisible y las investigaciones administrativas en curso, la pugna se hizo explícita en declaraciones cruzadas. Cuatro concejales: Pedro Greve, Estrella Quidel, Micaela Becker y la misma Peñailillo, presentaron una nueva denuncia ante Contraloría por presuntas irregularidades en una serie de “tratos directos” adjudicados a Paradigma Sur por Gustavo Fuentes –reforzando la arista de tráfico de influencias ya mencionada.
El 8 de octubre, Neira respondió públicamente con una mezcla de defensa técnica y reproche político: recordó que “los tratos directos son aprobados por los concejales”, dando a entender que los ediles denunciantes estaban al tanto o incluso avalaron esas contrataciones excepcionales. Explicó que la modalidad de trato directo solo se utiliza en casos de emergencia o falta de oferentes en licitaciones, y reconoció no tener clara memoria de cuántos concursos públicos se intentaron antes de optar por esa vía en el caso cuestionado.
Sobre Gustavo Fuentes, el alcalde reiteró su confianza, afirmando que el funcionario “ha cumplido con sus labores” en cada dirección que ha liderado y que si hubo un conflicto de interés, “será él quien deberá responder”. Neira subrayó que esperaría la notificación formal de Contraloría, y consultado sobre una posible separación de Fuentes del cargo mientras tanto, respondió que aquello “depende del fiscal a cargo del sumario” (evitando removerlo por iniciativa propia).
La situación, a la fecha, es de máxima tensión institucional: el alcalde Neira se declara inocente y respaldado por su mayoría, pero reconoce el daño político que estas acusaciones generan; la concejala Peñailillo, por su parte, se mantiene firme en su rol opositor, ahora sin militancia partidista, dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación de lo que ella denomina “irregularidades que golpean la fe pública”.
Los próximos meses serán clave, pues de las indagatorias del Ministerio Público y de Contraloría podrían emanar formalizaciones o sanciones que definan el destino tanto del alcalde Roberto Neira (en su aspiración de repostular al municipio) como de Claudia Peñailillo (en su credibilidad como fiscalizadora). Por ahora, el enfrentamiento sigue abierto, con apoyos y críticas divididas en el concejo municipal y en la opinión pública de Temuco, manteniendo el municipio bajo intensa vigilancia ciudadana y mediática.
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