En su rol fiscalizador, la concejal Peñailillo denunció eventuales tráfico de influencia en licitaciones del municipio de Temuco a empresas ligadas al actual administrador del edificio municipal. Por lo anterior, Peñailillo anunció que solicitará la destitución en el próximo concejo.
Un nuevo golpe al municipio de Temuco ha dado la concejal Claudia Peñailillo quien destapó antecedentes que podrían configurar el delito de tráfico de influencia al interior del municipio de Temuco.
Lo anterior, a raíz de una serie de antecedentes que tiene en su poder la edil los cuales entregará a Contraloría para que inicie la investigación correspondiente.
Dichos documentos dicen relación a licitaciones de la municipalidad de Temuco que fueron adjudicadas al grupo empresarial Neira que involucra a Idela SPA y Socosur, donde tuvo relación laboral el ex director de Secplac y ahora administrador municipal, Ricardo Toro, sumando un total de más de $5 mil millones.
En este sentido, Claudia Peñailillo expresó que “como concejala no voy a permitir que la municipalidad de Temuco adjudique licitaciones a empresas donde trabajó el actual administrador municipal y quien, hace un par de meses, era director de Secplac, donde se fabrican bases de muchas licitaciones”.
Con lo ya manifestado, Peñailillo confirmó que “voy a recurrir a Contraloría porque no voy a permitir que exista falta a la probidad en la municipalidad de Temuco ni eventuales delitos como tráfico de influencia como se pudiera evidenciar con estos antecedentes de licitaciones del municipio con empresas donde funcionarios de alto rango tuvieron relación laboral como el caso del actual administrador municipal Ricardo Toro y la empresa Isela spa y Socosur las cuales son una empresa familiar”, consignó la edil.
Sin embargo, Peñailillo no solo recurrirá a Contraloría. La concejal por Temuco también dio el golpe y aseguró que “solicitaré en el próximo concejo que el administrador renuncie o sea removido de su cargo mientras se investiga esta y otras licitaciones”. De esta forma, la concejal -en menos de dos semanas- pone en jaque al municipio ya que además acusó que la auditoría externa que solicitó en el primer concejo de este periodo (enero 2025) aún no ha sido licitada.
En relación al último punto, es importante señalar que un concejal puede iniciar el proceso de remoción de un administrador municipal. Para aquello, requiere el acuerdo de 2/3 de concejales en ejercicio en una votación del concejo municipal. Este proceso, conocido como “remoción sin expresión de causa”, donde también existen causales de cese de funciones aplicables a funcionarios municipales en caso de ser necesario.
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