Seis reparticiones comunales de Temuco cambiaron de mando, con directores que pasaron de un área a otra o fueron reemplazados por subrogantes. La concejala Claudia Peñailillo criticó el trasfondo de estos movimientos y anunció que llevará los antecedentes a la Contraloría.
La Municipalidad de Temuco confirmó cambios en seis de sus reparticiones: Educación, Deportes, Medio Ambiente, Operaciones, Tránsito y Dirección Rural. En el Departamento de Educación asumió como subrogante el profesor Rodrigo Garrido, mientras que en la Corporación de Deportes fue nombrado Carlos San Martín.
Pero lo que generó mayor polémica fueron los llamados “enroques” internos: el director de Aseo y Ornato, Fuentes, actualmente con sumario administrativo en curso, fue trasladado a la oficina de Operaciones; mientras que en su lugar asumió Miguel Ángel Acuña, exdirector de esa misma repartición, quien —según recordó la concejala Peñailillo— había sido destituido por el propio alcalde al inicio de su periodo.
En el último concejo municipal, la edil lanzó una dura crítica: “Me gustaría, alcalde, saber lo siguiente. Me hace ruido que el señor Fuentes, el cual hoy día, usted mismo en los puntos de prensa dijo que estaba con sumario, se le saque de Aseo y Ornato y se vaya a la oficina casi al lado de Operaciones. Y que quien asume Aseo y Ornato sea Miguel Ángel (Acuña), que incluso, tengo entendido, fue destituido por usted mismo cuando recién inició su periodo. Entonces, la pregunta es, y lo que la gente de pronto también puede pensar, bueno, está con sumario, hay un cuestionamiento, salió en los medios, qué sé yo, entonces, ¿esto es un premio o un castigo?”.
Además, Peñailillo pidió medidas más drásticas y sugirió que la Contraloría abra un sumario frente a los hechos. “Recomiendo hacer un sumario en Contraloría”, advirtió, señalando que lo ocurrido daña la transparencia municipal.
La polémica se suma a las denuncias que apuntan a la directora Jurídica, Muriel Maturana Arriagada, por defender al Administrador Municipal Ricardo Toro —acusado de presunto conflicto de interés y negociación incompatible en contratos por más de $3.700 millones— y a la participación del Director de Control Interno, Octavio Concha, quien firmó el informe de defensa pese a estar siendo investigado bajo la Ley Karin.
Con estos antecedentes, la concejala anunció que presentará el caso ante la Contraloría General de la República, advirtiendo que la confianza ciudadana en el municipio “está seriamente en juego”.
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