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o que comenzó como una denuncia regional hoy escala a nivel nacional: la eliminación de una resolución judicial, inhabilitaciones masivas de jueces y el rol del ministro Álvaro Mesa, favorito del Gobierno para la Suprema, desatan tensión institucional.
Una querella por prevaricación culposa en contra del presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, ministro Álvaro Mesa, ha desencadenado un complejo escándalo judicial con repercusiones que ya alcanzan el plano nacional. La causa —dada a conocer por Araucanía Noticias el pasado 12 de julio— fue recogida este 5 de agosto por el diario La Tercera, que detalló nuevos antecedentes y una cadena de hechos que involucran a jueces, cortes regionales e incluso al Senado.
La querella fue presentada por la abogada Carla Fernández, representante de tres condenados por delitos de derechos humanos en el denominado caso El Polvorín, y apunta directamente al magistrado Mesa, quien dictó la sentencia como ministro en visita.
El caso se volvió especialmente complejo cuando el juez de garantía Federico Gutiérrez declaró admisible la querella, pero, menos de 24 horas después, revirtió su propia resolución y la anterior desapareció del sistema digital del Poder Judicial. Según Fernández, este hecho derivó en una solicitud formal para investigar la posible sustracción, robo o destrucción de un documento judicial en tramitación.
La situación escaló aún más cuando todos los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco se inhabilitaron para ver la apelación presentada, alegando desde imparcialidad objetiva hasta conocimiento previo de los antecedentes. Finalmente, la causa fue derivada a la Corte de Valdivia, luego de que esta, en una primera instancia, rechazara hacerse cargo del conflicto.
En paralelo, la causa fue expuesta ante la Corte Suprema, que ofició al tribunal de Temuco para informar sobre el estado del proceso. Las diligencias continúan bajo reserva, mientras en el Congreso ya se comenta el posible interés del Ejecutivo en nominar a Mesa como ministro de la Corte Suprema, con respaldo de sectores de izquierda.
La gravedad de los hechos ya había sido alertada por el abogado Rodrigo Cooper Cortés, en una carta publicada por Araucanía Noticias, donde afirmó: “Estos eventos inexplicables y sin reacción de la institucionalidad jurídica, vienen a profundizar la pérdida de confianza en el sistema judicial chileno”.
Además, Cooper entonces cuestionó la falta de pronunciamiento del Colegio de Abogados y el mundo académico, advirtiendo sobre posibles conductas de “autoprotección entre jerarquías”. En su misiva, fue enfático: “Con el respeto a los buenos jueces, este no es el tipo de justicia que merecemos”.
La controversia se mantiene abierta, con múltiples ojos ahora puestos en el desarrollo del proceso judicial, y con una advertencia clara: lo que comenzó como una denuncia regional, hoy es un caso testigo de cómo el sistema judicial enfrenta su propia prueba de transparencia.
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