Por Marco Antonio Vásquez Ulloa, Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor, Socio BELAT – Asesores y Consultores SpA.
La violencia y el microtráfico en los recintos deportivos de nuestro país se han transformado en una amenaza real para el desarrollo de la vida comunitaria. Lo que debiese ser un espacio de encuentro y de promoción de valores como el respeto y la sana competencia, se ha convertido en muchos casos en terreno fértil para el vandalismo y el tráfico de drogas.
Según un informe de la UEFA sobre violencia en el fútbol, se ha documentado que los incidentes violentos a menudo se correlacionan con la presencia de grupos organizados y el consumo de alcohol entre los aficionados.
Un estudio del «Journal of Sport and Social Issues» destaca que la violencia en eventos deportivos a menudo se exacerba en situaciones donde hay un ambiente de alta tensión, que puede ser alimentado por el consumo de alcohol.
Frente a esta realidad, los municipios no pueden permanecer indiferentes. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece con claridad que les corresponde velar por la seguridad pública comunal. Esa responsabilidad incluye no solo coordinar acciones con Carabineros o la PDI, sino también adoptar medidas directas de prevención situacional, como la contratación de guardias privados para resguardar estadios, multicanchas y gimnasios municipales.
Invertir en seguridad no es un gasto superfluo, sino una inversión social. La presencia de guardias entrenados tiene un efecto disuasivo comprobado: previene delitos de oportunidad, detecta tempranamente situaciones de riesgo y crea un ambiente propicio para que niños, jóvenes y familias vuelvan a confiar en los espacios deportivos. La vigilancia adecuada, sumada a un trabajo de educación comunitaria, permite romper la cadena que conecta la falta de control, el deterioro de los espacios y el crecimiento de las actividades ilícitas.
La evidencia es clara. Comunas que han implementado planes de seguridad activa en recintos deportivos han experimentado una disminución en los actos vandálicos y una mayor participación en actividades organizadas. Como dice la teoría de las ventanas rotas, si cuidamos nuestros espacios, cuidamos a nuestra comunidad.
Hoy, más que nunca, necesitamos entender que la seguridad en los espacios deportivos no es una tarea exclusiva de las policías, ni un problema que se resuelve solo con sanciones posteriores. Es una tarea preventiva, urgente y profundamente municipal. Apostar por guardias privados es apostar por comunidades vivas, sanas y comprometidas con el bien común.
Como enseñaba Hobbes, allí donde el poder legítimo se debilita, reina la violencia. Como advertía Arendt, cuando abandonamos el espacio público a la violencia, negamos a nuestros ciudadanos su derecho a actuar y convivir libremente. Y como recordaba Aristóteles, sin lugares seguros donde ejercitar el cuerpo y el alma, nuestra comunidad pierde su razón de ser.
Invito a los alcaldes y concejales de nuestro país a priorizar esta inversión en sus presupuestos municipales. Recuperemos juntos los espacios deportivos para quienes verdaderamente los necesitan: nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestra comunidad.
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