Luego de que bancada de diputados concurriera a Fiscalía, el dirigente RN Christian Vásquez, solicitó al CDE evaluar acciones legales y penales contra funcionarios y médicos involucrados.
Luego del informe emitido por la Contraloría General de la República, que detectó que entre los años 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios públicos habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas, emitiéndose un total de 35.585 licencias que permitieron 59.575 entradas o salidas del país, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellos, la bancada de diputados RN, que recurrió a Fiscalía para presentar una querella por el caso.
Sin embargo, el dirigente de Renovación Nacional, Christian Vásquez, quiso ir más allá, y llegó hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado, ubicado en la región Metropolitana, para solicitarle al Presidente del organismo, Raúl Letelier, iniciar acciones legales para hacer valer la responsabilidad penal y civil de los funcionarios involucrados.
El ingeniero señaló que “este es un escándalo que afecta tanto a organismos del gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades, lo que da cuenta de la transversalidad y sistematicidad de esta mala práctica, y particularmente, en La Araucanía, 30 de las 32 municipalidades se han visto involucradas, con más de 1799 licencias, lo que da cuenta de la gravedad del caso”, agregó.
Vásquez, afirmó que “estos hechos no solo constituyen una grave falta a la ética y probidad administrativa, sino que también podrían configurar delitos de fraude al Fisco, falsificación y/o uso fraudulento de instrumento público, fraude de subvenciones, entre otros ilícitos contemplados en la legislación vigente”, agregó.
De esta forma, en la misiva se solicitó evaluar la procedencia de ejercer acciones legales, tanto civiles como penales, en contra de los funcionarios y médicos involucrados en estos hechos, considerando las atribuciones conferidas al Consejo de Defensa del Estado en el ordenamiento jurídico, especialmente en la Ley Orgánica y reglamento que rigen su funcionamiento.
El dirigente, agregó que “también le pedimos al CDE, asuma la representación del Estado en los procesos judiciales que se inicien con motivo de estos hechos, con el fin de resguardar los intereses fiscales y perseguir la restitución de los recursos públicos indebidamente utilizados, y que a su vez, coordine con las entidades pertinentes, como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, las acciones necesarias para una investigación exhaustiva y la determinación de responsabilidades”, indicó Vásquez.
Una intervención del Consejo de Defensa del Estado ante este tipo de situaciones se basa en sus facultades de asegurar la aplicación de la ley y la protección del patrimonio público, con la finalidad de reestablecer el detrimento patrimonial del fisco, por lo que “se esperan médicas ejemplificadoras para estos falsos servidores públicos”, finalizó Christian Vásquez de RN.
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