COMUNIDADES MAPUCHE DE TEMUCO ACUDEN A CONTRALORÍA POR AVANCE INMOBILIARIO EN TIERRAS DE TÍTULO DE MERCED

Dirigentes mapuche protestan en Temuco contra la expansión inmobiliaria en tierras ancestrales
⚡ Puntos Clave de la Noticia:
  • Veinte comunidades mapuche acudieron a la Contraloría por el impacto del nuevo plan regulador.
  • Denuncian que la reducción del radio urbano afecta directamente a tierras con títulos de merced.
  • Acusan que la expansión inmobiliaria y de vivienda social se prioriza sobre la protección indígena.

Danko Mariman, dirigente del Txawün de Comunidades Mapuche de Temuko, acusa que la imagen objetivo del plan regulador reduce el límite urbano sobre títulos de merced, pero amplía suelo agrícola apto para vivienda social. Cuestiona los dichos del Seremi y los estándares del proceso; 20 comunidades acudieron a la Contraloría por el Condominio San Mateo.

«Un proceso de despojo»: Alta preocupación por Plan Regulador y expansión inmobiliaria sobre tierras mapuche

El sábado 15 de noviembre, la Municipalidad presentó la imagen objetivo de su nuevo plan regulador, la primera propuesta concreta de un instrumento que define hasta dónde llega la ciudad y qué puede construirse en cada sector. La actividad se realizó en un salón municipal, con más de 30 grados de calor. Danko Mariman, dirigente de las comunidades del Txawün de Temuko, salió de ahí con más dudas que certezas.

El plan que rige hoy es de 2010. Según Mariman, aquel plan incorporó «arbitrariamente» entre 27 y 28 títulos de merced al radio urbano, y esos títulos son los más afectados. Ahora, cuenta, la Municipalidad partió diciendo que el límite urbano se achicará, de unas 12.000 o 13.000 hectáreas a 11.000.

«¿Dónde está el engaño?»

La cifra no lo convenció. «Nosotros decíamos entonces, ¿dónde está el engaño? ¿cuál es la letra chica?», relata. Su lectura, apoyada por arquitectos de la Universidad de Concepción que asesoran a las comunidades, es que el recorte se concentra en tierras de título de merced. Las comunidades Antonio Huiquilaf, Nahuelhuen, José Cheuquean e Ignacio Elgueta, en el tramo entre Labranza e Imperial, pasarían de zona urbana a rural.

A cambio, dice, el radio urbano crece y zonifica para vivienda social toda tierra agrícola disponible  que queda entre Temuco y Labranza, y entre el Fundo El Carmen y Pedro de Valdivia. «Es engañoso porque por un lado nos dice que se achica, pero se achica en tierras de título de Merced, con las cuales siempre ellos van a tener conflictos de poder desarrollar temas inmobiliarios», sostiene. Esos terrenos colindan con comunidades y, según Mariman, ya aparecen con una zonificación que permitiría construir vivienda social.

El «cuello de botella» y la vivienda social

Para el dirigente, ese diseño dialoga con lo que ha dicho el Seremi de Vivienda, Sergio Merino. Según Temucotelevisión.cl, el Seremi planteó que el suelo urbano habilitado es el principal desafío para la vivienda social en la región, y lo calificó como «el verdadero cuello de botella». Mariman cree que esa mirada es transversal: «al parecer comparten de manera transversal los políticos de la izquierda y de la derecha» la idea de que la ontología de la vivienda social pesa más que la tierra indígena, que está resguardada por la Ley Indígena, el Convenio 169 y la Declaración de la OEA, entre otros instrumentos.

Menciona también los dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre el hallazgo arqueológico en Labranza. Según el relato del dirigente, el ministro habría dicho que «son dos, tres piedritas» que no detendrán «el anhelo de la casa propia» ni la construcción, que es «una fuente importante de empleo». Mariman responde que esas palabras desconocen la Ley de Monumentos Nacionales y que los terrenos pertenecen al título de merced Antonio Colines, dentro del macrosector Botrolhue. Recuerda además el artículo 13 de la Ley 19.253: la tierra indígena no puede gravarse, hipotecarse ni venderse a terceros no mapuche.

Una cadena larga

El dirigente describe una cadena de actores: el abogado que redacta la escritura, las notarías, Bienes Nacionales, el Minvu que compra terrenos para vivienda social, la Municipalidad que otorga permisos de edificación y los privados, con la Cámara Chilena de la Construcción empujando por más suelo. En otros casos, dice, el interés está en sectores de alta plusvalía, como los barrios Inglés y Francés.

Los políticos, agrega, hacen otra cuenta. «En la solución de un comité de vivienda hay 400 familias, ellos sacan la calculadora electoral», dice. Recuerda que los diputados Cretón y García insistieron este año en el déficit de unas 13.000 viviendas en La Araucanía, y que García habría planteado en mayo ofrecer dinero a una familia mapuche para que dejara su tierra. Para Mariman, eso es «continuar también un proceso de despojo», que ve la tierra como parcela y no como parte de un territorio con prácticas culturales.

Estándares bajos y tierras que se acaban

El dirigente critica también la forma en que se conduce el proceso. Dice que la consultora no paga pasajes ni estacionamiento, que hubo personas que debieron pagar más de 10.000 pesos por aparcar y otras su propio almuerzo, que no había gestores culturales ni facilitadores, y que no se levantan actas ni se sistematizan las observaciones. «Muy bajos estándares del derecho en este proceso», resume. Aun así, las comunidades participan, porque «la ambigüedad tampoco nos sirve» y hay familias dentro del radio urbano que necesitan saber qué tierras podrán resguardar.

Asimismo, se apuntó al consultor de la empresa adjudicataria de la licitación del PCR por opiniones sesgadas “que orientan al despojo, vulneran normativa y generan tensiones con los dirigentes”, señala Mariman, acusando que habría señalado que sería “un despropósito tener tierras indígenas en la zona urbana”.

A ello suma dos frentes. Uno es la reforma a la Ley Indígena que el Gobierno quiere someter a consulta el próximo año, en particular sobre arrendamientos: «una vez que construyan galpones, canchas, infraestructuras, no lo van a querer soltar», advierte. El otro es el criterio de la CONADI, que en una reunión de hace mes y medio les habría dicho que las comunidades no deberían comprar terrenos fuera de su comuna de origen. En Temuco, dice, la poca tierra agrícola disponible ya está en perspectiva inmobiliaria y su valor supera lo que la CONADI ha pagado históricamente. Hay comunidades con afectación de hasta el 99% de su título de merced. «Hemos sido embaucados, mentidos por parte del Estado», afirma, y describe una situación de «callejón sin salida». Según él, Temuco ya perdió cerca de 2.000 hectáreas de título de merced.

La carta a la Contraloría

Parte de esa discusión llegó a un documento dirigido a la Contralora General, Dorothy Pérez Gutiérrez, con copia al Contralor Regional de La Araucanía, Carlos Bilbao Fuentes. La carta, fechada el 16 de noviembre, está firmada por Mariman en representación del Txawün de Comunidades Mapuche de Temuko; 20 comunidades la respaldan con sus firmas. Denuncia y pide fiscalizar eventuales vulneraciones a los artículos 12, 13 y 15 de la Ley 19.253 por el emplazamiento del Condominio San Mateo, en Labranza, sobre terrenos asociados al Título de Merced N.º 346 de la comunidad Antonio Colines, otorgado en 1894 sobre 295 hectáreas.

El texto se apoya en dictámenes de la propia Contraloría (el 17.582 de 2015 y el E455416 de 2024), según los cuales un terreno no pierde su calidad de tierra indígena por quedar dentro del radio urbano. Cita además el Oficio 1.908 y una sentencia de la Corte Suprema sobre una compraventa en Liquiñe, comuna de Panguipulli. Recuerda que el artículo 13 sanciona con nulidad absoluta los actos contrarios a esa norma.

Entre sus solicitudes, pide investigar los antecedentes jurídicos y registrales del terreno, requerir a la CONADI un informe sobre su calidad de tierra indígena y verificar si hubo desafectación, permuta o regularización conforme a la ley. Pide también fiscalizar las actuaciones de CONADI, Minvu, Serviu y la Municipalidad, determinar si correspondía una consulta indígena según el Convenio 169, y emitir un pronunciamiento general sobre los terrenos de título de merced incorporados al radio urbano. Solicita, finalmente, ser recibidos en una reunión formal.

Los anexos incluyen planos del título de merced, un mapa del avance urbano y un extracto del informe antropológico de la comunidad Antonio Colines presentado a la CONADI en 2022. Según ese informe, de las 295 hectáreas originales quedarían unas 200 en manos de familias mapuche: 14 hectáreas se perdieron antes de 1939 y 81 más por la urbanización reciente, con poblaciones, villas, un cementerio y un complejo deportivo municipal. La hijuela 52, de 8,7 hectáreas, corresponde al proyecto habitacional. La carta aclara que no busca desconocer «el legítimo derecho de las familias a acceder a una vivienda digna», sino que se actúe dentro de la legalidad.

Corte de Apelaciones de Temuco: incorporar una tierra indígena al radio urbano y urbanizarla no basta para quitarle esa calidad

La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió el 17 de noviembre de 2026 que la incorporación de una tierra indígena al radio urbano y su urbanización no constituyen causal legal para desafectarla de esa calidad, según consignó la publicación. El tribunal confirmó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Temuco que había rechazado la solicitud de desafectación de un inmueble inscrito a nombre del solicitante. El fallo la reprodujo, salvo sus fundamentos sexto, séptimo y décimo, que sustituyó.

El solicitante apeló alegando una errónea ponderación de la prueba, una interpretación equivocada de los artículos 12 y 13 de la Ley N° 19.253, el desconocimiento de precedentes favorables y una situación de desigualdad respecto de otros propietarios. La Corte tuvo por acreditado que el inmueble es tierra indígena comprendida en el artículo 12, registrada como tal, y que se emplaza dentro del radio urbano de Temuco con condiciones de urbanización propias de ese entorno. Desestimó el agravio probatorio, porque la sentencia sí ponderó los antecedentes urbanísticos y documentales y los estimó sin aptitud para el efecto perseguido, lo que plantea un problema de interpretación normativa.

En esa interpretación, la Sala sostuvo que los artículos 12 y 13 establecen un régimen especial de protección de las tierras indígenas, ligado a su vinculación histórica, cultural y comunitaria. Ninguno contempla como causal de desafectación la incorporación al radio urbano, el aumento de plusvalía, la urbanización del sector o la dificultad para desarrollar actividades agropecuarias tradicionales, y los jueces no pueden crear hipótesis distintas de las previstas por el legislador. La decisión se acordó con el voto en contra del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa, quien estuvo por revocar porque el predio, ubicado en zona residencial urbana, no permite la práctica de costumbres ancestrales propias del medio rural.

Dirigentes mapuche protestan en Temuco contra la expansión inmobiliaria en tierras ancestrales