- Existe una orden municipal de demolición para más de 800 metros cuadrados construidos sin autorización en el humedal.
- El alcalde Sebastián Álvarez defiende las acciones para proteger el ecosistema y hacer cumplir la ley.
- La Corte de Apelaciones de Temuco ya rechazó un recurso del propietario, pero el litigio sigue pendiente en la Corte Suprema.
La controversia volvió a conocerse esta semana, aunque la orden municipal data de 2025. El alcalde Sebastián Álvarez defiende la protección del Delta del Trancura, mientras el litigio por las obras continúa ante la Corte Suprema.
Más de 800 metros cuadrados de construcciones sin autorización municipal en el sector del humedal Delta del Trancura, en Pucón, están en el centro de una controversia que volvió a hacerse pública esta semana. Existe una orden de demolición dictada en octubre de 2025 y un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que rechazó el recurso del propietario. El conflicto, sin embargo, sigue pendiente ante la Corte Suprema.
Un humedal en el centro de la disputa
El caso trasciende la falta de permisos de edificación por su ubicación en un entorno de especial sensibilidad ambiental. El humedal La Poza y Delta del Trancura fue reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente en 2022, con una superficie aproximada de 804,8 hectáreas, aunque esa declaratoria ha enfrentado reclamaciones judiciales. Los antecedentes disponibles no permiten establecer que todas las obras cuestionadas estén dentro del polígono reconocido ni acreditar un daño ambiental causado por estas construcciones.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, sostuvo que la prioridad municipal es hacer cumplir la normativa y proteger el ecosistema. “Lo primero es que se cumpla la ley”, afirmó, al explicar que el municipio realizó inspecciones y acciones judiciales mediante sus direcciones de Obras y Medio Ambiente.
Álvarez vinculó la fiscalización con el carácter natural del sector: “Lo que estamos haciendo, la acción que estamos realizando es sencillamente cuidar nuestra naturaleza”. También advirtió que los humedales pueden verse afectados por rellenos y proyectos inmobiliarios, sin atribuir en esa declaración un daño específico a estas obras.
La orden de demolición y lo que dijo la Corte
Según la Dirección de Obras Municipales, se denunció al propietario ante el Juzgado de Policía Local por levantar más de 800 metros cuadrados sin las autorizaciones exigidas y sin la debida delimitación del Bien Nacional de Uso Público. El decreto alcaldicio N.º 3715, del 9 de octubre de 2025, declaró la inhabilidad y ordenó demoler las estructuras.
José Miguel Calvo Puig recurrió contra esa resolución, pero la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de protección, con costas. De acuerdo con el documento municipal, el tribunal concluyó que el municipio “ha actuado en ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le concede la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.
El mismo antecedente judicial señala que el recurrente “ha sido contumaz y ha persistido en su actitud, ejecutando construcciones, sin contar con permiso de edificación”, y consigna que incluso impidió el ingreso de funcionarios fiscalizadores.
La decisión final sigue pendiente
La Municipalidad informó que el litigio se encuentra ante la Corte Suprema, bajo el rol 22.924-2026, pendiente de alegatos. Por ello, no hay antecedentes para afirmar que la demolición se haya ejecutado ni que el caso esté resuelto definitivamente.
En paralelo, la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente municipal presentó denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud. El municipio agregó que esta última habría aprobado durante 2026 proyectos de fosas sépticas para los predios involucrados. Una aprobación sanitaria de ese tipo no sustituye los permisos de edificación.
El alcalde insistió en que Pucón aspira a consolidarse como un destino que cuide su entorno natural. Mientras la Corte Suprema resuelve la disputa urbanística, también sigue abierta una controversia judicial distinta sobre la declaratoria del humedal. Ambas causas deben distinguirse para entender el alcance real de las decisiones pendientes.