El terreno, ubicado en el sector Captrén camino al Parque Nacional Conguillío, deberá ser entregado a su dueño en un plazo de 30 días, luego de que el máximo tribunal determinara que la ocupación afectó su derecho de propiedad.
La Corte Suprema resolvió que un predio ubicado en el sector Captrén, en la comuna de Curacautín, debe ser restituido a su propietario, poniendo fin a una disputa que se extendió por varios años y que combinó acciones judiciales y trámites administrativos.
El fallo, que revocó el criterio de la corte de Temuco, devuelve a John Garrison Adams, ciudadano estadounidense con vocación conservacionista, que adquirió en 2015 la llamada Parcela La Cascada, un terreno de 3,5 hectáreas emplazado en una zona precordillerana cercana al Parque Nacional Conguillío. Según consta en la resolución, el terreno estaba inscrito legalmente a su nombre, pero durante su ausencia del país fue ocupado por Carolina Angulo Pérez, quien instaló cierres, levantó construcciones y restringió el acceso al lugar.
De acuerdo con los antecedentes revisados por el tribunal, el propietario tomó conocimiento de esta situación en 2024, cuando fue informado de que el portón original del predio había desaparecido y que existían nuevas viviendas y cercos al interior del terreno. Al concurrir personal de Carabineros en marzo de 2025, se constató la existencia de una casa, un quincho, instalación eléctrica, un pozo de agua y trabajos de despeje de vegetación y tala de árboles, todos realizados mientras el predio seguía inscrito a nombre de Adams.
Durante ese procedimiento, una persona identificada como Carolina Angulo Pérez señaló que ocupaba el terreno desde hace años y que había iniciado un proceso de regularización ante el Ministerio de Bienes Nacionales, mecanismo que permite solicitar el reconocimiento de la posesión de un inmueble. Sin embargo, la Corte Suprema aclaró que ese trámite no otorga dominio ni autoriza a ocupar un terreno que tiene dueño inscrito, mientras no exista una resolución definitiva.
En su fallo, el máximo tribunal explicó que las acciones realizadas en el predio —como instalar candados, construir y realizar talas— impidieron al dueño usar su propiedad, lo que constituye una afectación directa a su derecho de propiedad. Por ello, resolvió que correspondía restablecer la situación original.
La sentencia ordena que Carolina Angulo Pérez haga abandono voluntario del terreno en un plazo máximo de 30 días. Si eso no ocurre, la justicia autorizó que el desalojo se realice con apoyo de la fuerza pública.
Si bien la Corte dejó abierta la posibilidad de que las partes continúen otros procesos legales o administrativos, el fallo es claro en un punto central: la Parcela La Cascada debe volver a manos de su propietario, cerrando así —al menos en esta etapa— un conflicto que se arrastró por años la cordillerana comuna de Curacautín.
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