Informe del organismo fiscalizador acreditó faltas al deber de abstención en contrataciones municipales, ordenó sumarios administrativos y derivó antecedentes al Ministerio Público.
La Contraloría General de la República confirmó una denuncia presentada contra la Municipalidad de Temuco por contratos realizados vía trato directo con proveedores considerados “cercanos” a autoridades municipales, estableciendo faltas al deber de abstención en procesos de contratación realizados entre los años 2023 y 2024.
Así lo concluye el Informe Final de Investigación Especial N° 752, de 2025, elaborado por la Contraloría Regional de La Araucanía, el cual tuvo por objeto “atender denuncias concernientes a presuntas faltas al deber de abstención” en compras efectuadas mediante trato directo, vinculadas a una empresa cuyo socio habría realizado un aporte de $7.000.000 a la campaña electoral del alcalde Roberto Neira, además de existir relaciones previas con altos funcionarios municipales.
De manera simple, el deber de abstención obliga a las autoridades a no participar en decisiones cuando existen vínculos personales, políticos o económicos que puedan afectar la imparcialidad. En este caso, Contraloría concluyó que ese deber no se cumplió.
El informe establece que la Municipalidad de Temuco contrató en al menos tres ocasiones mediante trato directo a una misma empresa, operaciones autorizadas mediante decretos alcaldicios, por un monto total de $5.070.888.
Sobre estos actos, el organismo fiscalizador fue categórico al señalar que las actuaciones revisadas “no se ajustarían al deber de abstención que se le hace exigible a los funcionarios”, agregando que dichas conductas “podrían haber vulnerado eventualmente el principio de probidad administrativa”.
Participación directa en las decisiones
Contraloría determinó que los contratos fueron autorizados a través de decretos firmados por el alcalde Roberto Neira, pese a existir antecedentes que obligaban a abstenerse de intervenir en esos procesos.
En el informe se señala expresamente que el jefe comunal “no se abstuvo en procesos de contratación relacionados a la empresa, a pesar de que uno de sus socios habría apoyado económicamente su campaña electoral”, lo que constituye una infracción a las normas que regulan la probidad en la función pública.
La investigación también abordó la actuación del ex administrador municipal, quien participó en la aprobación de los tratos directos pese a mantener vínculos previos con el proveedor, situación que, según Contraloría, “resta imparcialidad” a la toma de decisiones.
Sumarios y antecedentes a Fiscalía
Como consecuencia de los hechos acreditados, Contraloría resolvió instruir un proceso disciplinario, señalando de forma textual que “este Órgano de Control instruirá un proceso disciplinario para investigar la presunta responsabilidad administrativa” de los funcionarios involucrados.
Asimismo, el informe indica que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, ya que las situaciones descritas “podrían tener relación con una causa en curso”, quedando en manos de la Fiscalía Regional de La Araucanía determinar eventuales responsabilidades penales.
Problemas de fondo en la gestión municipal
Más allá de los casos específicos, el informe revela fallas estructurales en la gestión del municipio, como la inexistencia de diagnósticos para detectar conflictos de interés, la falta de declaraciones obligatorias en procesos de compra y debilidades en los mecanismos de control interno.
Contraloría advirtió que estas falencias dificultan el control y la transparencia en el uso de recursos públicos, señalando que la situación “no se condice con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y transparencia” que deben regir la administración municipal.
El pronunciamiento del organismo fiscalizador se conoce en un contexto de creciente escrutinio ciudadano en el país en general y sobre la gestión municipal, particularmente en materia de uso de recursos públicos y estándares de probidad.
Si bien el municipio informó haber subsanado algunas observaciones administrativas, Contraloría fue clara en señalar que las faltas al deber de abstención se mantienen, obligando a la Municipalidad de Temuco a implementar medidas correctivas y a someterse al seguimiento del organismo fiscalizador.
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