El exdiputado por La Araucanía y expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados vuelve al primer plano político tras ser designado embajador de Chile en el Reino Unido por el Presidente José Antonio Kast. Su nombramiento, sin embargo, reabre el debate por los antecedentes revelados en el marco del Caso Convenios en La Araucanía, donde empresas vinculadas a él y a su entorno familiar recibieron recursos públicos que hoy son objeto de revisión administrativa e investigación por parte del Ministerio Público.
Hay trayectorias políticas que parecen cerrarse para siempre. La de Diego Paulsen fue una de ellas.
Cuando dejó la Cámara de Diputadas y Diputados en 2022, el abogado de Renovación Nacional anunció que se retiraba de la política activa. Tras haber alcanzado la presidencia de la Corporación con apenas 32 años y convertirse en una de las principales figuras de la centroderecha, optó por regresar a La Araucanía y concentrarse en sus actividades privadas.
Pero su retiro duró poco.
Tres años después reapareció como uno de los hombres de confianza de Evelyn Matthei, asumiendo la jefatura de su campaña presidencial. Y ahora, tras el triunfo de José Antonio Kast, vuelve nuevamente a la escena pública, esta vez como embajador de Chile en el Reino Unido, uno de los destinos diplomáticos más relevantes del país.
Sin embargo, su regreso ocurre mientras aún permanece abierta una investigación derivada del denominado Caso Convenios, que involucra recursos públicos entregados por el Gobierno Regional de La Araucanía a empresas vinculadas a su grupo familiar.
El ascenso de una figura nacional
Nacido en Victoria y representante de La Araucanía durante dos períodos consecutivos, Paulsen rápidamente se transformó en uno de los principales dirigentes jóvenes de Renovación Nacional. En abril de 2020 fue elegido presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, convirtiéndose en el titular más joven en la historia reciente del Congreso.
Durante su gestión encabezó una de las etapas institucionales más complejas del Parlamento, marcada por la pandemia, las discusiones constitucionales y una intensa agenda legislativa. Su perfil dialogante y su capacidad para construir acuerdos le permitieron consolidarse como una de las figuras emergentes de Chile Vamos.
Tras abandonar el Congreso, Paulsen se mantuvo alejado de la política partidaria hasta que Evelyn Matthei lo convocó para asumir la jefatura de su campaña presidencial. Su misión consistía en ordenar territorialmente el comando, coordinar a los partidos y transformarse en uno de los principales articuladores políticos de la candidatura.
Durante meses fue una de las caras visibles del comando, acompañando a Matthei en actividades nacionales y defendiendo públicamente las propuestas de seguridad, crecimiento económico y descentralización.
El Caso Convenios toca su entorno
Mientras ejercía ese rol político comenzaron a surgir antecedentes que involucraban a empresas relacionadas con él y su círculo familiar.
Un reportaje de Radio Biobío reveló que sociedades vinculadas a Diego Paulsen, su esposa y otros integrantes de su familia habían recibido recursos provenientes de un programa de reactivación económica financiado por el Gobierno Regional de La Araucanía durante la administración anterior.
Según esa investigación periodística, las empresas familiares obtuvieron alrededor de 204 millones de pesos mediante distintos proyectos financiados con recursos públicos.
Posteriormente, el actual Gobierno Regional encabezado por René Saffirio informó que, tras una revisión administrativa, el 81,9% de las rendiciones presentadas por esas empresas había sido observado o rechazado, dando origen a procesos de revisión que posteriormente fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público.
El reportaje de Radio Biobío sostuvo que entre las observaciones efectuadas aparecían operaciones comerciales entre empresas pertenecientes al mismo grupo familiar.
La investigación periodística describió facturación entre sociedades relacionadas, documentación considerada insuficiente para acreditar determinados gastos y otros antecedentes que fueron incorporados al análisis administrativo realizado por el Gobierno Regional.
Esos antecedentes no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal, pero sí forman parte del conjunto de información remitida a la Fiscalía para determinar si existió o no algún delito. Hasta ahora no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades respecto de Diego Paulsen.
Paulsen ha rechazado públicamente cualquier irregularidad.
Ha sostenido que las empresas ejecutaron efectivamente los proyectos adjudicados, que toda la documentación fue presentada cuando fue requerida y que las observaciones corresponden a materias administrativas que pueden ser aclaradas dentro de los procedimientos correspondientes.
Asimismo, ha señalado que no ha cometido delito alguno y que espera que las investigaciones permitan despejar cualquier duda respecto de su actuación.
Una investigación abierta
El Caso Convenios continúa siendo investigado por el Ministerio Público.
En distintas aristas se han decretado formalizaciones, prisiones preventivas, arrestos domiciliarios y arraigos nacionales respecto de diversas personas investigadas.
En el caso de Diego Paulsen, hasta la fecha de este reportaje no registra formalización, por lo que jurídicamente mantiene la calidad de persona no imputada ante un tribunal.
Sin embargo, ello no significa que la investigación haya concluido.
El Ministerio Público conserva la facultad de continuar reuniendo antecedentes y, si estima que existen elementos suficientes, solicitar una eventual formalización.
En ese escenario —como ocurre con cualquier investigado— la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares personales, entre ellas el arraigo nacional, cuya procedencia dependería exclusivamente de los antecedentes expuestos y de la decisión del tribunal competente.
La embajada y el debate político
La designación de Paulsen como embajador en el Reino Unido generó inmediatas reacciones políticas.
Mientras el Gobierno destacó su experiencia parlamentaria y su conocimiento de materias internacionales, desde distintos sectores surgieron cuestionamientos respecto de la conveniencia de nombrar en un cargo diplomático de alta relevancia a una figura cuyo entorno empresarial aparece mencionado en una investigación aún abierta.
Jurídicamente, el nombramiento no presenta impedimentos mientras no exista una inhabilidad legal. Políticamente, sin embargo, vuelve a instalar el debate sobre los estándares de probidad exigibles para quienes representan al Estado de Chile en el exterior.
Entre la presunción de inocencia y el escrutinio público
El caso de Diego Paulsen refleja una tensión cada vez más frecuente en la política chilena.
Por una parte, rige plenamente la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ni siquiera una formalización.
Por otra, quienes ejercen funciones públicas o representan al Estado quedan sometidos a un estándar de escrutinio mucho más alto cuando aparecen vinculados —aunque sea indirectamente— a investigaciones relacionadas con el uso de recursos fiscales.
Su llegada a la embajada en Londres marca el inicio de una nueva etapa en su carrera.
Pero también asegura que el debate sobre el Caso Convenios y las investigaciones que aún permanecen abiertas continuará acompañando su trayectoria política mientras la Fiscalía no cierre definitivamente esa arista.