Desde su entorno precisaron que la parlamentaria no forma parte del programa cuestionado y que su rol ha sido exclusivamente fiscalizador desde el inicio del Caso Convenios en la región.
El equipo de la diputada Ericka Ñanco salió al paso de las interpretaciones surgidas tras la publicación de antecedentes vinculados al Caso Convenios en La Araucanía, aclarando que la parlamentaria no tiene participación en los hechos investigados ni en el programa cuestionado del Gobierno Regional.
A través de una comunicación formal, desde su entorno señalaron que la diputada no integra el listado de beneficiarios del programa de reactivación económica, ni ha tenido intervención en las iniciativas que actualmente se encuentran bajo revisión por millonarias rendiciones rechazadas.
En esa línea, enfatizaron que su único vínculo con el caso ha sido en su calidad de autoridad fiscalizadora. “Su rol ha sido fiscalizar desde el inicio este tipo de situaciones y continuará ejerciendo esa función conforme a sus atribuciones”, indicaron.
La aclaración surge en medio del debate generado por antecedentes relacionados con la empresa Ñankus SpA, firma que figura entre las beneficiarias del programa ejecutado entre 2022 y 2023 y que hoy es objeto de cuestionamientos por los documentos de rendición entregados, que se vinculan además a otra arista del caso Convenios.
Si bien esta empresa está relacionado a un primo y tía de la parlamentaria, ella no posee ningún vínculo con la actividad empresarial que desarrollan.
El caso se enmarca en un escenario más amplio, luego de que el gobernador regional René Saffirio confirmara el inicio de un proceso de restitución de más de $8 mil millones en recursos mal rendidos, tras detectarse que más del 90% de las rendiciones fueron rechazadas u observadas.
Desde el equipo de la parlamentaria recalcaron la importancia de resguardar la rigurosidad en el tratamiento de este tipo de información, especialmente en investigaciones en curso que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas.
En paralelo, la indagatoria continúa avanzando, mientras los antecedentes sobre empresas beneficiarias —incluyendo rendiciones, facturación y eventuales vínculos— siguen siendo objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.