- El diputado Beltrán impulsa un proyecto para fortalecer el Estado de Derecho en la Macrozona Sur.
- Se solicita al Gobierno adoptar medidas administrativas, operativas y presupuestarias contra la violencia.
- El parlamentario enfatiza la urgencia de desarticular bandas criminales y proteger a la ciudadanía.
El Parlamentario Mallequino respaldó un proyecto de resolución que solicita al presidente de la República adoptar medidas políticas, administrativas, operativas y presupuestarias para enfrentar la violencia rural.
Un llamado al presidente de la República para adoptar todas las medidas que permitan fortalecer el Estado de Derecho en la Macrozona Sur formuló el diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán Silva, durante la discusión de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados.
El Parlamentario Mallequino sostuvo que la iniciativa busca enfrentar la violencia que, a su juicio, afecta desde hace años a habitantes de esta zona del país y garantizar condiciones de seguridad para las comunidades.
“Solicitamos al presidente de la República —detalló— que adopte todas las medidas políticas, administrativas, operativas y presupuestarias necesarias para imponer el Estado de Derecho en la Macrozona Sur”.
Beltrán indicó que “amenazas, ataques incendiarios, extorsión, violencia armada, interrupción de actividades productivas, temor en caminos rurales y una sensación persistente de abandono, son situaciones que no sólo afectan a las víctimas directas, sino que afecta a comunidades completas, a trabajadores, agricultores, transportistas, emprendedores, niños, adultos mayores y familias que lo único que piden es poder vivir y trabajar en paz. Por eso este proyecto es claro: solicitamos al presidente de la República que adopte todas las medidas políticas, administrativas, operativas y presupuestarias necesarias para imponer el Estado de Derecho en la Macrozona Sur”.
“Porque —acotó— cuando el crimen organizado, el terrorismo o la violencia rural desafían al Estado, la respuesta debe ser enérgica. El Estado debe actuar dentro de la Constitución y la ley, pero con toda la fuerza institucional que el ordenamiento jurídico le entrega. La primera obligación de un gobierno es proteger la vida, la integridad y la libertad de las personas”.
Asimismo señaló que la estrategia debe contemplar la persecución penal de las organizaciones violentas, la desarticulación de sus redes de financiamiento, la protección de víctimas y el fortalecimiento de la labor de las instituciones encargadas de la seguridad.
De igual modo expresó que “tengo la certeza de que el presidente Kast va en la dirección correcta y por ello esta resolución refuerza con convicción la necesidad de terminar con espacios del territorio nacional donde no impera la ley”.
Finalmente, Juan Carlos Beltrán afirmó que el Congreso debe respaldar el uso de todas las herramientas que el ordenamiento jurídico entrega al Estado para recuperar la normalidad en la Macrozona Sur.