La iniciativa busca establecer un régimen de responsabilidad para organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas, incorporando sanciones por daños a bienes públicos y privados y exigiendo medidas de prevención para evitar hechos de violencia.
El diputado Tomás Kast (Evópoli) presentó un proyecto de ley que modifica el Código Penal y establece un régimen de responsabilidad para organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas, con el objetivo de enfrentar los daños materiales que se producen en el contexto de movilizaciones y fortalecer la protección de las víctimas afectadas por actos vandálicos. La propuesta busca compatibilizar el legítimo derecho a reunión con la protección de derechos fundamentales como la seguridad, la propiedad y el libre tránsito.
La iniciativa establece que quienes organicen, convoquen o promuevan reuniones o manifestaciones en espacios públicos deberán adoptar medidas preventivas para garantizar su desarrollo pacífico y seguro, pudiendo ser responsables por los daños ocasionados con motivo o en el contexto de dichas actividades. Asimismo, contempla eximentes para quienes acrediten haber actuado con la debida diligencia o colaboren con antecedentes que permitan identificar a los autores materiales de los destrozos.
Al respecto, Tomás Kast señaló que “en Chile hemos normalizado durante demasiado tiempo que existan manifestaciones que terminan con locales saqueados, mobiliario público destruido, estaciones dañadas y pequeños comerciantes pagando los costos de la violencia. Eso tiene que cambiar. Este proyecto busca establecer reglas claras y responsabilidades concretas para quienes organizan, convocan o promueven actividades públicas que terminan generando daños a terceros”.
El parlamentario de Evópoli agregó que “aquí no estamos limitando el derecho a manifestarse. Todo lo contrario. Estamos defendiendo el derecho de miles de chilenos a movilizarse pacíficamente sin que grupos violentos terminen secuestrando sus demandas. Quienes organizan una actividad tienen que asumir un deber mínimo de colaboración, prevención y resguardo del orden”, enfatizando que la propuesta contempla mecanismos para acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas por la autoridad.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto incorpora una nueva figura penal para los daños causados a bienes públicos o privados en el contexto de manifestaciones, estableciendo penas que pueden llegar hasta cinco años de cárcel y multas que varían según la magnitud de los perjuicios ocasionados. Además, considera presunciones legales respecto de quienes convocan actividades a través de plataformas digitales, redes sociales o servicios de mensajería masiva.
Kast sostuvo que “no puede seguir existiendo impunidad para quienes convocan actividades que terminan destruyendo ciudades y afectando a miles de personas. Lo que buscamos es fortalecer el derecho a reunión, pero compatibilizándolo con la seguridad, la propiedad, el libre tránsito y la tranquilidad de las familias. La democracia necesita manifestaciones pacíficas, no espacios donde los delincuentes aprovechen el anonimato para actuar sin consecuencias”.