El imputado en el Caso Convenios, acusa eventual uso indebido de funciones por parte del Ministerio Público, mientras Fiscalía descarta irregularidades y asegura continuidad de su trabajo.
El exdiputado Mauricio Ojeda, actualmente imputado en el marco del Caso Convenios, presentó una querella que apunta directamente al fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, solicitando además que la investigación sea derivada a una fiscalía de otra región.
La acción judicial se da en medio de la causa en su contra —particularmente en la arista “Manicure”— donde enfrenta cargos por fraude al fisco, además de otros delitos asociados como cohecho, soborno y lavado de activos, en relación con el uso de más de $730 millones destinados a programas que no se habrían ejecutado.
Ojeda sostiene que el fiscal regional habría utilizado su cargo para solicitar cerca de $200 millones a favor de una fundación, lo que —a su juicio— excedería sus atribuciones legales. En ese contexto, afirmó que existen antecedentes en su carpeta investigativa, incluyendo correos electrónicos, que darían cuenta de dicha gestión.
A partir de esto, el exparlamentario plantea la necesidad de realizar diversas diligencias, entre ellas el levantamiento del secreto bancario del fiscal, así como la incautación de dispositivos electrónicos, insistiendo en que los hechos deben ser investigados por un equipo externo a la región debido a la gravedad de las acusaciones.
En su declaración, también cuestionó la imparcialidad del Ministerio Público en La Araucanía, señalando eventuales conflictos de interés y acusando una supuesta “selectividad” en la persecución penal.
Respuesta del Ministerio Público
Desde la Fiscalía, en tanto, descartaron irregularidades y señalaron que los hechos ya habían sido expuestos anteriormente por otro imputado en la causa —el exjefe de gabinete del Gobierno Regional, Juan Pablo Leonelli— y que fueron aclarados en su momento.
Cabe recordar que Leonelli se encuentra en calidad de imputado formalizado en las aristas “Manicure” y “Fundación Local” del caso Convenios de La Araucanía, causas por las cuales —al igual que a Ojeda— han debido enfrentar medidas cautelares como prisión preventiva y otras fuera de los recintos penitenciarios a la espera de la sentencia.
Respecto de la reunión cuestionada, desde Fiscalía indicaron que tuvo como objetivo analizar una eventual iniciativa institucional vinculada a la implementación de un observatorio de seguridad, similar al existente en la Región Metropolitana, enfocado en fortalecer la coordinación con municipios en materia de prevención del delito. Añadieron que dicha propuesta no involucró intereses personales ni privados, y que finalmente no se concretó en un proyecto.
En esa línea, la Fiscalía precisó que no todas las reuniones entre autoridades están sujetas a la Ley de Lobby, y que, en este caso, la eventual obligación de registro recaía en la autoridad del Gobierno Regional que recibió la solicitud.
Asimismo, recalcaron que el Ministerio Público continuará desarrollando sus funciones con normalidad.
Contexto del caso
La iniciativa mencionada por Fiscalía se enmarca en modelos que se han desarrollado en distintas regiones del país, donde organismos como la Fundación Paz Ciudadana han impulsado la creación de observatorios de seguridad y sistemas de análisis delictual que funcionan en coordinación directa con el Ministerio Público, policías y municipios.
Este tipo de programas —orientados a la prevención y persecución del delito mediante uso de datos— suelen ser financiados por los Gobiernos Regionales, que tienen entre sus facultades el desarrollo y apoyo de iniciativas en materia de seguridad pública, pese a no tener un rol directo en la persecución penal.
Mientras la investigación continúa en desarrollo, la querella presentada por Ojeda abre un nuevo frente judicial que podría incidir en la tramitación de la causa, particularmente en lo relativo a eventuales solicitudes de inhabilidad o cambio de fiscalía.