Fiscalía acusa uso de dineros públicos en cuenta personal, rendición con antecedentes falsos y advierte posible estafa al fisco en caso que remece a la política regional.
La Fiscalía de Alta Complejidad formalizó a Marcelo Parra, expresidente de la Fundación Karukeché y actual jefe de gabinete del gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, por el delito de fraude en la obtención y uso de una subvención municipal otorgada por la Municipalidad de Temuco en 2022.
El caso sumó un nuevo golpe: el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar querella y hacerse parte de la investigación, ampliando los hechos y solicitando nuevas diligencias, lo que eleva la gravedad del proceso.
Dinero público en cuenta personal
Según detalló el fiscal Luis Arroyo, la investigación apunta a que Parra, en su calidad de presidente de la fundación, presentó un proyecto a la Municipalidad de Temuco para ejecutar un programa de reciclaje de plásticos.
Tras la aprobación, recibió cerca de 8 millones de pesos en fondos públicos, los que —según la Fiscalía— fueron depositados directamente en una cuenta bancaria personal, desde donde comenzó a hacer uso particular de los recursos.
El punto más crítico, según la acusación, se centra en la rendición del proyecto. Uno de los ítems clave era la compra de maquinaria, la cual fue presentada como adquirida con los fondos municipales.
Factura cuestionada y antecedentes falsos
Sin embargo, la investigación determinó que dicha maquinaria ya estaba en poder de la fundación desde 2021, es decir, antes de la adjudicación de la subvención. A pesar de ello, Parra habría rendido los fondos incluyendo una factura para acreditar la compra, la cual posteriormente fue dejada sin efecto por la empresa proveedora.
Además, se estableció que la maquinaria fue retirada por el acreedor debido al no pago, lo que refuerza las dudas sobre el uso efectivo de los recursos públicos.
Para la Fiscalía, estos antecedentes configuran la entrega de información falsa al momento de postular y rendir el proyecto, lo que sustenta la formalización por fraude de subvenciones o estafa al fisco, delito que contempla penas privativas de libertad.
CDE entra en escena y amplía la investigación
El ingreso del Consejo de Defensa del Estado marca un punto de inflexión en el caso. Según explicó el fiscal Arroyo, el organismo no solo se querelló, sino que también amplió los hechos investigados, incluyendo a otras posibles personas involucradas y solicitando nuevas diligencias.
Este movimiento podría abrir nuevas aristas en una causa que ya genera alto impacto político en la región.
Medidas cautelares y plazo de investigación
El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el imputado, impidiéndole salir del país durante el desarrollo de la investigación.
El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para la indagatoria, periodo en el que la Fiscalía y el CDE buscarán esclarecer completamente el destino de los recursos públicos y eventuales responsabilidades adicionales.