- Saffirio reconoció públicamente haber contactado al Contralor por WhatsApp para acelerar un pronunciamiento administrativo.
- La gestión informal pone en duda el cumplimiento de los principios de probidad e imparcialidad en la administración pública.
- Se cuestiona si la Contraloría otorgó un trato preferente al Gobierno Regional ante la solicitud directa del gobernador.
Durante la reciente sesión del Consejo Regional transmitida públicamente, el gobernador aseguró que tiene los WhatsApp que dan cuenta de que pidió al Contralor pronunciarse “lo antes posible” sobre la consulta que presentó por la controversia con el CORE en torno a los recursos del 8% del FNDR. La revelación supone una gestión informal cuyo propósito, reconocido por la propia autoridad, era acelerar la respuesta del organismo fiscalizador.
Una declaración realizada públicamente por René Saffirio durante una sesión transmitida del Consejo Regional puso inesperadamente el foco sobre la propia Contraloría. El gobernador reconoció haber realizado gestiones por WhatsApp con el Contralor para conseguir una respuesta más rápida a la consulta presentada por el GORE en medio de su disputa con el CORE por los recursos del 8% del FNDR.
“Yo le he pedido, tengo los WhatsApp… le pedí al Contralor que el pronunciamiento se produjera lo antes posible porque nos afectaba los procesos administrativos futuros y que estábamos, en consecuencia, que estaba en juego también la ejecución en el caso de los privados de 10.000 millones de pesos”, sostuvo Saffirio ante los consejeros regionales.
El cuestionamiento no está en que el gobernador haya recurrido a Contraloría. El GORE puede solicitar formalmente un pronunciamiento e incluso fundamentar institucionalmente la necesidad de obtener una respuesta con prontitud.
Lo llamativo es que Saffirio reconoce una gestión directa por WhatsApp con el Contralor y, además, explicita su finalidad: que el pronunciamiento se produjera “lo antes posible”. Por lo tanto, fue el propio gobernador quien señaló públicamente que pretendía acelerar el trámite por esa vía.
El punto de fondo no es únicamente qué aplicación utilizó Saffirio. En la administración pública, una eventual responsabilidad depende de la obligación o principio que pudiera haberse vulnerado mediante una determinada conducta.
Los procedimientos administrativos tienen la obligación de permitir el registro y trazabilidad de las actuaciones, mientras que los órganos públicos están sujetos a principios como la probidad, imparcialidad e igualdad de trato. Por eso, si una comunicación informal llegara a traducirse en una priorización efectiva, podrían surgir cuestionamientos respecto del tratamiento otorgado frente a otras instituciones que también esperan pronunciamientos de Contraloría.
La declaración también complica al Contralor
Y este es precisamente el punto que traslada la controversia desde Saffirio hacia Contraloría. Una cosa está reconocida: el gobernador pidió directamente acelerar el pronunciamiento. Lo que todavía no se conoce es qué hizo el Contralor frente a esa solicitud.
¿Respondió los mensajes? ¿Accedió a la petición? ¿Las comunicaciones quedaron registradas institucionalmente? ¿La gestión tuvo algún efecto sobre los tiempos de tramitación?
No existen antecedentes que permitan afirmar actualmente que el Contralor haya concedido un trato preferente. Pero conocer esas respuestas resulta fundamental precisamente porque Contraloría debe resguardar su independencia e imparcialidad frente a las autoridades cuyos actos fiscaliza.