- La Dirección del Trabajo desestimó la denuncia presentada contra Ricardo Herrera Floody en el marco de la Ley Karin.
- Herrera anunció acciones legales por injurias y acusó la existencia de manos negras y fines extorsivos en su contra.
- La concejala Paola Retamal respondió que existen otros procedimientos judiciales pendientes y reiteró que no teme fiscalizar.
La Dirección del Trabajo desestimó la denuncia presentada por una secretaria contra el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Costa Araucanía. Herrera sostiene que fue víctima de una acusación falsa y anuncia acciones legales. La concejala de Carahue Paola Retamal responde que existen otros procedimientos pendientes y advierte que continuará fiscalizando.
Un nuevo capítulo se vivió en torno a Ricardo Herrera Floody, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Costa Araucanía, ex alcalde y consejero regional, luego de conocerse que la Dirección del Trabajo desestimó una denuncia presentada en su contra por una secretaria en el marco de la Ley Karin.
Tras conocerse el resultado, Herrera salió públicamente a defenderse y elevó el tono de sus acusaciones. Aseguró haber sido víctima de un mal uso de la normativa y sostuvo que detrás de la denuncia existirían “manos negras” interesadas en destruir su imagen pública y apartarlo de su cargo en la Asociación.
Pero fue todavía más lejos. Según Herrera Floody, el uso indebido de la Ley Karin habría “degenerado en fines extorsivos, pecuniarios e incluso políticos”. El secretario ejecutivo también cuestionó que, según sostiene, no se habría respetado en su caso el principio de confidencialidad y reserva, acusando que una edil de una comuna costera divulgó públicamente su identidad, fotografías y antecedentes relacionados con el procedimiento a través de declaraciones a medios de comunicación.
Herrera anunció que recurrirá a la justicia mediante acciones por lo que calificó como destrucción de su imagen pública e injurias calumniosas, además de presentar antecedentes ante la Contraloría General de la República. Asimismo, respaldó la discusión sobre eventuales modificaciones a la Ley Karin y cuestionó aspectos relacionados con la confidencialidad, la trazabilidad de las pruebas y el tratamiento de las denuncias.
“No tengo miedo de fiscalizar”
La respuesta no tardó en llegar. La concejala de Carahue Paola Retamal emitió una declaración pública en la que reconoció expresamente que los antecedentes de la denuncia presentada durante 2026 fueron desestimados por la Dirección del Trabajo y sostuvo que esa determinación “debe ser respetada”.
Sin embargo, hizo una precisión que considera fundamental: ese resultado administrativo, afirmó, no significa que todos los procedimientos laborales o judiciales relacionados con Herrera Floody estén terminados.
Según Retamal, la trabajadora recurrió posteriormente a la justicia y podrá presentar allí los antecedentes y medios de prueba que estime pertinentes, entre los cuales mencionó el testimonio de un testigo y un registro audiovisual que, de acuerdo con la versión de la denunciante recogida por la concejala, no habrían sido considerados en la instancia administrativa. “Será el tribunal competente, y nadie más, quien deberá valorar esas pruebas y resolver conforme a derecho”, enfatizó.
La concejala aseguró además que existen otros procedimientos iniciados por mujeres que trabajaron como secretarias o funcionarias de la Asociación. Entre ellos mencionó acciones iniciadas durante 2025 por otra trabajadora, que comprenderían una querella criminal por hechos denunciados como eventual acoso sexual laboral y una demanda de tutela laboral, cuyo procedimiento tendría una audiencia programada para noviembre de 2026.
También señaló que existiría una denuncia de una tercera secretaria ante la Inspección del Trabajo, relacionada con el reconocimiento de su vínculo laboral y fuero maternal. Retamal insistió en que cada uno de estos antecedentes corresponde a procedimientos distintos y que deben analizarse separadamente.
“Fiscalizar no es condenar”
Frente al anuncio de acciones legales de Herrera Floody, la concejala endureció su respuesta. “Nunca he declarado culpable ni he condenado anticipadamente al señor Ricardo Herrera Floody”, afirmó, recalcando que ha utilizado conceptos como “eventual acoso sexual laboral”, “eventuales irregularidades” y “procesos en curso”.
Luego resumió su posición en tres frases: “Fiscalizar no es condenar. Informar sobre la existencia de procedimientos no es dictar sentencia. Y exigir transparencia y debido proceso no constituye una amenaza contra nadie”.
Retamal argumentó que su actuación se relaciona directamente con su función fiscalizadora como concejala de Carahue, considerando que la Asociación de Municipios Costa Araucanía recibe recursos aportados por municipios como Carahue, Toltén, Saavedra, Nueva Imperial y Teodoro Schmidt.
La edil también cuestionó la estructura de atribuciones existente al interior de la Asociación y sostuvo que los organismos competentes deberían revisar con rigor cualquier situación en que una persona denunciada pudiera intervenir en la tramitación o respuesta institucional de una denuncia formulada en su contra.
Y frente a la posibilidad de enfrentar acciones judiciales, respondió categóricamente: “No aceptaré que el anuncio de acciones legales respecto a ‘una edil de la costa’ sea utilizado para intimidarme o impedir el ejercicio de mis funciones públicas”. Luego lanzó una de las frases más fuertes de su declaración: “No tengo miedo de fiscalizar”.
Abogado advierte que una resolución laboral no cierra necesariamente la discusión penal
A la controversia se sumó Albert Sánchez, de TDefiende.cl, quien planteó que resulta fundamental distinguir entre una investigación desarrollada en el ámbito laboral y un procedimiento penal. Sánchez explicó que una investigación bajo la Ley Karin puede abordar materias relacionadas con acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, mientras que una investigación penal por un eventual delito sigue reglas, pruebas y procedimientos diferentes.
Por ello, cuestionó que el resultado de un procedimiento laboral pueda interpretarse automáticamente como una resolución respecto de cualquier investigación penal. Según explicó, una conclusión favorable en sede laboral no necesariamente determina lo que pueda resolver posteriormente un tribunal respecto de hechos investigados penalmente.
El abogado también llamó a esperar las respectivas resoluciones judiciales antes de sacar conclusiones definitivas.