Facturas anuladas por más de $127 millones, rendiciones inconsistentes y vínculos familiares marcan el preinforme, que identifica múltiples casos en un sistema sin controles suficientes.
El preinforme N°744 de la Contraloría Regional de La Araucanía analizó las transferencias realizadas por el Gobierno Regional a la Universidad Autónoma de Chile entre 2022 y 2023, detectando una serie de observaciones en la ejecución y control de los recursos públicos.
Según el documento, en ese período, el GORE destinó más de $40 mil millones a instituciones de educación superior, de los cuales $21.804 millones fueron transferidos a la Universidad Autónoma, equivalente al 53,7% del total.
Sobre esa base, la auditoría se centró en 10 convenios, con más de $14.328 millones rendidos y un universo de 5.379 expedientes asociados a beneficiarios, lo que da cuenta de la magnitud del sistema analizado.
En este contexto, la Contraloría advierte que las situaciones detectadas aunque no son masivas, no corresponden a hechos aislados, sino a múltiples casos dentro de la muestra revisada, aunque sin afirmar que la totalidad de las operaciones presenten irregularidades.
Sin embargo, el elemento más crítico del informe dice relación con la detección de facturas rendidas que posteriormente fueron anuladas o modificadas mediante notas de crédito, por un monto total de $127.482.625.
Estas facturas corresponden a distintos beneficiarios de los programas financiados, y su anulación implica que los documentos originalmente utilizados para justificar el gasto perdieron validez o fueron alterados, lo que impide establecer con certeza cuánto dinero fue efectivamente ejecutado.
El informe es claro en este punto: la existencia de estas notas de crédito no permite verificar el monto real del gasto, lo que afecta directamente la trazabilidad de los recursos públicos.
A pesar de ello, parte de estas rendiciones fueron aprobadas en su momento por la entidad ejecutora, la Universidad Autónoma, la que posteriormente argumentó que las anulaciones correspondían a acciones de terceros y que no estaban bajo su control directo. No obstante, la Contraloría establece que existían montos que permanecían sin justificar y que debían ser reintegrados, evidenciando una falla relevante en la validación de los gastos.
Otro caso relevante corresponde al funcionario del Gobierno Regional Roberto Soto Fuentes, cuya empresa Ingeo Araucanía EIRL emitió facturas a beneficiarios de un convenio que él mismo tenía bajo su supervisión. Esta situación motivó la instrucción de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, al advertirse un posible conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones.
El informe también da cuenta de múltiples vínculos de parentesco entre funcionarios del GORE y personas que participan en los programas, ya sea como beneficiarios, proveedores o prestadores de servicios. Entre estos casos destaca el de Christian Valdebenito Torres, quien participó en la evaluación de una iniciativa en la que posteriormente resultaron beneficiados su padre, madre y hermano, cada uno con recursos asignados.
Asimismo, se identificó la participación del cuñado del exgobernador regional Luciano Rivas, quien emitió 32 boletas de honorarios por un total de $19,5 millones por prestaciones a diferentes empresas beneficiarias de los programas; y el caso de la funcionaria Claudia Macaya Délano, cuya empresa emitió 11 facturas a beneficiarios por más de $11 millones.
En esta misma línea, el análisis de los antecedentes permite observar otras situaciones que, si bien deben ser contrastadas caso a caso, refuerzan la presencia de redes familiares en la ejecución de estos programas. Entre ellas, aparece el caso de Carlos Badilla, vinculado a al menos tres contrataciones dentro del mismo sistema, lo que evidencia una reiteración de asignaciones dentro de un mismo entorno familiar o cercano.
Este tipo de situaciones, aunque puedan ampararse en vacíos normativos, tensionan directamente los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos.
A ello se suma la presencia de personas con vínculos directos con autoridades, como la madre de la secretaria de gabinete Alejandra Gardulski, lo que abre cuestionamientos sobre eventuales influencias en la asignación de recursos, considerando el rol que este tipo de cargos tiene en la estructura del Gobierno Regional.
Si bien el informe no establece intervención directa, la ausencia de controles para prevenir conflictos de interés deja espacio para este tipo de situaciones.
También se incorpora el caso del hermano de Susan Alarcón Rubilar, vinculado a prestaciones dentro de este tipo de programas, en un contexto donde existen investigaciones paralelas en el denominado “Caso Convenios”, lo que incrementa el nivel de cuestionamiento sobre estas relaciones y su eventual impacto en la distribución de recursos públicos.
Otro de los casos detallados en el informe es el de Teresa Magdalena Díaz Lagos, beneficiaria de un proyecto por $5 millones, quien —según los antecedentes revisados— nunca retiró los recursos asignados mediante vale vista. Pese a ello, se presentaron rendiciones con facturas y un informe final de ejecución que fueron aprobados, lo que obligó posteriormente a la restitución de los fondos.
La supervisión de este proyecto por parte del GORE deja en evidencia debilidades en la verificación efectiva del uso de los recursos, dado que el seguimiento institucional estuvo a cargo de la validación de la ejecución.
La Contraloría precisa que estas situaciones corresponden a constataciones de hecho, pero advierte que el Gobierno Regional no disponía de mecanismos para detectar ni prevenir conflictos de interés, lo que permite que este tipo de relaciones se desarrolle sin control dentro del sistema.
A nivel institucional, el informe identifica debilidades estructurales relevantes. Contraloría advirtió que el GORE no contaba con sistemas adecuados para el control de las rendiciones, las que eran gestionadas mediante planillas Excel sin mecanismos que resguardaran la integridad de la información, ni con procedimientos formales para la detección de riesgos de fraude o conflictos de interés.
Estas condiciones, según el organismo fiscalizador, limitan la capacidad de supervisión y favorecen la ocurrencia de irregularidades en distintos niveles.
Finalmente, el documento también menciona situaciones de menor gravedad, como la participación de profesionales con vínculos previos con las instituciones ejecutoras, lo que, si bien no constituye necesariamente una infracción, puede generar cuestionamientos respecto de la transparencia en los procesos.
En conjunto, el preinforme muestra un sistema donde las observaciones se repiten en distintos ámbitos, desde la validación del gasto hasta la relación entre los actores involucrados. Sin establecer una generalización absoluta, la Contraloría concluye que las debilidades de control existentes permitieron la aparición reiterada de este tipo de situaciones en la ejecución de los recursos públicos.
