Gustavo Díaz, director regional IdeaPaís La Araucanía.
De acuerdo con la información que consigna el sitio oficial del Ministerio de Obras Públicas, en la Región de La Araucanía se han llevado a efecto veintitrés procesos de consulta indígena asociados a proyectos viales. A primera vista, la cifra parece dar cuenta de una vitalidad institucional encomiable, de un Estado que —honrando los compromisos del Convenio 169 de la OIT— se esmera en recoger el parecer de las comunidades antes de intervenir el territorio. Hasta ahí, nada que objetar; por el contrario, la protección de la identidad cultural constituye una exigencia de justicia en cualquier democracia que se pretenda pluralista.
Sin embargo, conviene advertir una sutil desnaturalización que asoma tras el examen de estos procesos. Al observar casos como el de la Ruta S-20 Temuco–Cholchol, se advierte que lo que allí comparece es, más bien, una serie de aspiraciones ajenas a la cosmovisión indígena: protección de un pozo de agua, construcción de pasadas de ganado o el ajuste de trazados para evitar inundaciones en predios particulares. Y aunque se trata de requerimientos del todo legítimos y urgentes —atendibles no solo por su justicia intrínseca, sino por las precarias condiciones materiales en que suelen habitar quienes los plantean—, el procedimiento resulta ajeno a su propósito original.
El problema no reside, entonces, en la pertinencia de las peticiones, sino en el canal que se utiliza para exigirlas. Al carecer de cauces ordinarios eficaces por parte de la autoridad, la consulta indígena termina operando como la única ventanilla capaz de dar respuesta a carencias básicas. Esto genera un doble efecto indeseado. Por una parte, proyectos viales indispensables ven detenido su avance, quedando supeditados a requerimientos que la población solo logra viabilizar a través de este instrumento de excepción ante un Estado que no funciona con la celeridad requerida. Por otra, se incuba una percepción pública riesgosa: mientras el ciudadano desprovisto de tal atributo debe someterse a la parsimonia institucional común, la pertenencia étnica comienza a percibirse no como un resguardo de la identidad, sino como una ventaja estratégica para sortear la ineficiencia estatal. Ello fomenta un sesgo de privilegio que fractura la simetría ciudadana.
De esta forma, el diseño o aplicación de un instrumento concebido originalmente para salvaguardar la diversidad cultural, termina transmutándose en una herramienta transaccional que compensa la inoperancia administrativa. Al obligar a privatizar el uso de un instrumento de vocación general para despachar urgencias particulares, la obra pública se convierte en el triste reflejo de una incapacidad que erosiona, a un mismo tiempo, el desarrollo regional, la genuina protección de lo indígena y la promesa republicana de la igualdad.