- Los Regionalistas Verdes rechazan modificaciones que debiliten la ley de prevención de incendios forestales.
- Exigen cortafuegos obligatorios y mayor responsabilidad económica para las grandes empresas forestales.
- Piden fortalecer las fiscalizaciones de CONAF y proteger a los pequeños agricultores de cargas excesivas.
La colectividad regionalista advirtió que La Araucanía necesita cortafuegos obligatorios, fiscalización efectiva y responsabilidades para las grandes empresas forestales, sin traspasar la carga preventiva a los pequeños agricultores.
Desde la Federación Regionalista Verde Social de La Araucanía manifestaron su preocupación por el anuncio del Gobierno de presentar un veto sustitutivo al proyecto de ley de prevención y mitigación de incendios forestales, advirtiendo que no se pueden debilitar las obligaciones preventivas por presiones de sectores económicos. “La seguridad de las comunidades debe estar por sobre cualquier interés particular”, señalaron.
Los dirigentes regionalistas exigieron establecer cortafuegos obligatorios y zonas de protección, tanto en ciudades como en pequeñas localidades rurales, junto con mayores responsabilidades para las grandes empresas forestales en la limpieza de vegetación combustible y manejo preventivo de sus plantaciones. “Quienes obtienen beneficios económicos de la actividad forestal también deben hacerse responsables de sus riesgos”, enfatizaron.
Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer las facultades fiscalizadoras de CONAF, asegurando mecanismos efectivos de inspección y cumplimiento de los planes preventivos. “No sirven los planes de prevención si nadie verifica su cumplimiento. Necesitamos instituciones con atribuciones reales para actuar antes de que ocurran tragedias”, sostuvieron.
Respecto de los costos de prevención, la colectividad llamó a diferenciar las obligaciones de las grandes empresas forestales de aquellas que corresponden a pequeños agricultores, quienes deben contar con apoyo técnico y financiero del Estado. También exigieron recursos suficientes para que municipios y gobiernos regionales ejecuten cortafuegos y obras de mitigación.
Los Regionalistas Verdes emplazaron al Gobierno a transparentar las modificaciones propuestas y evitar retrocesos en la protección de las comunidades, el bosque nativo y las fuentes de agua. “La Araucanía no puede seguir enfrentando cada verano las mismas amenazas. Chile necesita una ley que prevenga, fiscalice y proteja, no una legislación debilitada para favorecer intereses económicos”, concluyeron.