La diputada ofició por programa de reactivación económica cuestionado, mientras cifras, versiones cruzadas y falta de claridad mantienen en incertidumbre a cientos de beneficiarios en la región.
Un nuevo foco de tensión se instala en La Araucanía luego de que la diputada Ericka Ñanco solicitara formalmente a la Contraloría General de la República investigar el destino de más de $8 mil millones entregados a través de un programa de la Corporación de Desarrollo Araucanía. La respuesta no tardó: el organismo confirmó el inicio de una indagación especial.
La acción apunta directamente a un programa impulsado durante la anterior administración del Gobierno Regional, que benefició a más de 300 empresas y emprendedores, pero que hoy está rodeado de cuestionamientos por la falta de claridad en el uso de los recursos.
“Se trata de una región que no puede seguir viendo cómo recursos destinados a la reactivación económica terminan bajo sospecha”, afirmó Ñanco, subrayando que continuará impulsando acciones de fiscalización hasta que se establezcan responsabilidades.
Un caso que vuelve a la primera línea
El conflicto tiene antecedentes que se remontan a abril de 2025, cuando el gobernador René Saffirio —recién asumido en el cargo— encabezó la reapertura de las oficinas de la Corporación de Desarrollo Araucanía, tras meses sin funcionamiento.
En ese momento, la autoridad regional detectó la existencia de documentación y equipamiento que podrían estar vinculados a investigaciones del denominado Caso Convenios, lo que derivó en la intervención del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Entre los elementos incautados figuraban computadores, archivadores y material relacionado con proyectos financiados por el Gobierno Regional.
Durante esa misma fecha anunció el cierre definitivo de la Corporación de Desarrollo de La Araucanía.
Cifras que generan inquietud
Un año después, el propio gobernador Saffirio volvió a encender el debate al transparentar cifras que no pasaron desapercibidas: de las 327 empresas beneficiadas por este programa, solo 23 habrían rendido correctamente los recursos, equivalente a cerca de un 7% del total.
Mientras que en forma paralela el Ministerio Público anunció para el próximo 7 de mayo la formalización del empresario y ex Republicano, Alejandro Martini, por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, asociado a los 50 millones de pesos que recibió para su empresa Sociedad de Inversiones Martini.
El dato generó impacto inmediato, pero también abrió una serie de dudas. Muchos beneficiarios aseguran no haber sido notificados de observaciones formales ni contar con instancias claras para subsanar posibles errores, lo que ha instalado un clima de incertidumbre en torno a la real situación de cada proyecto.
A esto se suma el anuncio del Gobierno Regional sobre el inicio de los procesos de devolución de recursos, sin que hasta ahora se hayan detallado mecanismos, montos ni plazos, aumentando la preocupación entre los involucrados.
Cruce de declaraciones
El escenario se tensionó entre Saffirio y la Fiscalía luego de que cuestionara públicamente el actuar del Ministerio Público, señalando que “no investiga”, lo que provocó la inmediata respuesta del fiscal regional, quien defendió el carácter técnico de las investigaciones y descartó cualquier motivación política.
Este cruce de versiones ha contribuido a profundizar la incertidumbre en la opinión pública, en un caso donde aún no existen conclusiones oficiales de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Contraloría entra en escena
En este contexto, la solicitud de Ñanco y la apertura de una indagación por parte de la Contraloría aparecen como un paso clave para esclarecer los hechos. El organismo deberá revisar el uso de los recursos, los procesos administrativos y eventuales responsabilidades en la ejecución del programa.
Para muchos, esta investigación podría convertirse en una instancia determinante para dar certezas tanto a la ciudadanía como a los propios beneficiarios, quienes hoy se encuentran en medio de un debate marcado por la falta de información clara.
Mientras avanza la indagatoria, La Araucanía enfrenta un escenario complejo: millones de pesos en juego, instituciones bajo presión y una creciente demanda por transparencia en el uso de recursos públicos que, en su origen, buscaban impulsar el desarrollo económico de la región.