La colectividad acusa que la iniciativa trasladaría al Estado el costo de proyectos privados rechazados por incumplimientos ambientales y advierte que los recursos públicos no deben utilizarse para compensar inversiones que no respetaron la legislación vigente.
La Federación Regionalista Verde de La Araucanía anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para intentar frenar una de las disposiciones incluidas en la denominada megareforma del Gobierno, la que permitiría que el Estado indemnice a titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental (RCA) haya sido anulada por los tribunales de justicia.
Desde la colectividad sostienen que esta norma vulnera principios constitucionales y genera un precedente que podría obligar al Estado a utilizar recursos fiscales para compensar proyectos privados que no cumplieron adecuadamente con la legislación ambiental.
«Si un proyecto es anulado por la justicia debido a incumplimientos ambientales, no corresponde que sean todos los chilenos quienes financien esa decisión con recursos fiscales. Quien invierte debe asumir también la responsabilidad por el diseño y cumplimiento de su proyecto», señalaron los dirigentes regionalistas.
Los Regionalistas Verdes manifestaron que la propuesta crea un incentivo equivocado al socializar las pérdidas derivadas de inversiones que fueron mal diseñadas o emplazadas en zonas incompatibles con la protección del patrimonio natural y cultural.
Asimismo, recordaron que en Chile diversos proyectos han debido ser rechazados, modificados o judicializados por sus impactos sobre ríos, humedales, bosques nativos, glaciares, áreas protegidas, biodiversidad, patrimonio arqueológico y sitios de significación cultural para pueblos indígenas.
En ese contexto, mencionaron casos como Dominga y el proyecto de hidrógeno verde INNA, señalando que ambos reflejan la importancia de mantener evaluaciones ambientales rigurosas antes de autorizar grandes inversiones.
Llamado al Congreso
La colectividad realizó este anuncio mientras el proyecto de ley ya fue aprobado en general por la Sala del Senado y actualmente continúa su discusión en particular en las comisiones especializadas.
Por ello, hicieron un llamado a senadores y senadoras a eliminar la disposición cuestionada antes de su despacho definitivo.
A juicio de los Regionalistas Verdes, todavía existe margen para corregir una norma que —afirman— debilita la institucionalidad ambiental, compromete recursos fiscales y favorece intereses privados por sobre el interés público.
Finalmente, plantearon que la verdadera certeza jurídica debe construirse fortaleciendo la planificación territorial, actualizando los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial y mejorando la información pública sobre biodiversidad, recursos hídricos y patrimonio natural y cultural.
En paralelo, confirmaron que presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de impedir que la norma entre en vigencia y evitar que recursos públicos sean utilizados para indemnizar proyectos privados anulados por incumplimientos a la legislación ambiental.