Dra. Nathaly Vera Gajardo, vicedecana Facultad de Educación , directora de Carrera en Pedagogía en Educación Diferencial, Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco.
La reciente actualización de la ley de titularidad docente marca un punto de inflexión en la política educacional chilena. En su momento la Ley 20.804 respondió a la urgencia de corregir la precariedad contractual de miles de profesores municipales, mientras que los ajustes actuales buscan armonizar estabilidad laboral con estándares de desempeño y con la nueva institucionalidad del sistema público. El tránsito desde una lógica de regularización hacia un esquema más integrado de desarrollo profesional no es menor, pues redefine incentivos, expectativas y responsabilidades.
En el corto plazo, el principal avance es evidente. Se fortalece la certeza contractual en un contexto donde la estabilidad es condición mínima para la planificación pedagógica y la construcción de comunidades educativas sólidas. La docencia requiere continuidad, acompañamiento a estudiantes y trabajo colaborativo, el cual no prospera bajo la amenaza de la renovación anual. Desde esa perspectiva, la titularidad reduce rotación y envía una señal de valoración institucional. Sin embargo, también emergen tensiones, donde la articulación entre titularidad y evaluación de desempeño puede generar incertidumbre si no se comunica con claridad. La estabilidad no debe confundirse con inamovilidad, pero tampoco puede quedar sujeta a criterios percibidos como discrecionales. Una implementación apresurada o con orientaciones ambiguas podría afectar la motivación docente y tensionar la relación entre sostenedores y equipos pedagógicos.
Ahora bien, en el mediano y largo plazo, el desafío es más estructural. Si la titularidad se consolida como un derecho asociado a trayectorias profesionales exigentes y bien acompañadas, puede convertirse en un pilar de calidad. Pero si se transforma en un mecanismo meramente administrativo, desconectado de formación y evaluación continua, corre el riesgo de rigidizar el sistema. La evidencia comparada sugiere que los sistemas educativos exitosos equilibran estabilidad con altos estándares, apoyo permanente y culturas de mejora.
Cabe señalar que existe, además, un ángulo fiscal y de gestión que no puede ignorarse. La estabilidad implica compromisos presupuestarios de largo aliento y requiere planificación estratégica de dotaciones, especialmente en un escenario de cambios demográficos y migración de matrícula hacia otros subsistemas. Sin una gestión anticipatoria, podrían generarse desequilibrios entre oferta docente y necesidades reales de los territorios.
La discusión de fondo, entonces, no es si la titularidad es deseable (lo es), pues reconoce la dignidad profesional, sino cómo se integra a un sistema que aspira a mayor calidad y equidad. Una política educativa madura debe evitar tanto la precarización como la complacencia. La clave estará en diseñar reglas claras, evaluaciones pertinentes y apoyos efectivos, de modo que la estabilidad sea plataforma de excelencia y no refugio de inamovilidad.