- Existen aproximadamente 500 hogares de adultos mayores operando sin resolución sanitaria en todo el territorio nacional.
- El reciente incendio en Villa Comuy, Pitrufquén, con 16 víctimas fatales, ha puesto en evidencia las falencias en la detección de recintos irregulares.
- Autoridades debaten sobre la integración de municipios y policías para fortalecer la fiscalización y detección temprana de centros no autorizados.
La existencia de establecimientos que funcionan sin resolución sanitaria reabre el debate sobre quién debe detectar y fiscalizar estos recintos. El tema adquiere especial relevancia en La Araucanía tras el incendio del ELEAM de Villa Comuy, donde fallecieron 16 adultos mayores.
La tragedia ocurrida en Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, vuelve especialmente sensible para La Araucanía una problemática que se extiende a nivel nacional: la existencia de hogares para personas mayores que funcionan sin contar con resolución sanitaria.
De acuerdo con antecedentes del Ministerio de Salud recogidos por El Mercurio, se estima que existen cerca de 500 establecimientos clandestinos de este tipo en el país. La situación ha abierto una discusión respecto de quién debe asumir un papel más activo para detectar estos recintos y evitar que permanezcan funcionando al margen de las exigencias establecidas.
Municipios y policías podrían tener un rol clave
La discusión apunta especialmente a fortalecer la capacidad de detección. El problema es que muchos establecimientos pueden funcionar en inmuebles que, a simple vista, no necesariamente son identificados como residencias para personas mayores.
Por ello, entre las alternativas planteadas aparece una participación más activa de municipios y policías, organismos que por su despliegue territorial podrían contribuir a identificar establecimientos que operan irregularmente y derivar esos antecedentes a las instituciones encargadas de fiscalizar.
Una discusión que golpea directamente a La Araucanía
El debate adquiere una dimensión particularmente urgente en la región después del incendio registrado en el ELEAM “El Edén” de Villa Comuy, donde fallecieron 16 adultos mayores.
Tras esa tragedia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició a Senama, la Seremi de Salud y la Municipalidad de Pitrufquén para solicitar antecedentes destinados a establecer, entre otros aspectos, si el establecimiento contaba con autorización sanitaria, si existían denuncias o antecedentes previos de irregularidades y qué fiscalizaciones se habían desarrollado.
El caso deja instalada una pregunta que ahora trasciende a Pitrufquén: ¿cuántos establecimientos para adultos mayores podrían estar funcionando sin autorización en La Araucanía?
La publicación nacional entrega una estimación para todo Chile, pero no especifica cuántos de esos cerca de 500 hogares clandestinos corresponderían a La Araucanía. Ese es precisamente uno de los antecedentes que permitiría dimensionar la magnitud del problema a nivel regional.
El desafío de detectar los recintos irregulares
La discusión no se limita a aumentar las fiscalizaciones de establecimientos ya conocidos, sino también a mejorar los mecanismos que permitan detectar aquellos que funcionan sin estar formalmente identificados como residencias para personas mayores.
El despliegue territorial de los municipios y las policías aparece, en ese escenario, como una herramienta que podría contribuir a advertir la existencia de recintos irregulares y poner los antecedentes a disposición de las autoridades competentes.
Después de lo ocurrido en Villa Comuy, conocer cuántos establecimientos funcionan sin autorización en La Araucanía, dónde están ubicados y qué mecanismos existen para detectarlos se transforma en una interrogante especialmente relevante para la región.
La tragedia de Pitrufquén no solo dejó 16 víctimas fatales, sino que reabrió una discusión que ahora exige respuestas: cuántos hogares operan fuera de la normativa y qué capacidad tiene el Estado para identificarlos antes de que ocurra una nueva emergencia.