Datos de la Multigremial de La Araucanía y del Observatorio contra el Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello muestran una fuerte baja en los hechos de violencia durante 2025. Sin embargo, los propios informes confirman que el fenómeno persiste, se concentra territorialmente y acumula pérdidas millonarias, mientras autoridades advierten que improvisar o retroceder en la estrategia puede revertir los resultados.
El mismo día en que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó sentencia contra exfuncionarios de Carabineros por el montaje de la fallida Operación Huracán de 2017, el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, abordó el escenario actual de la violencia en la región, apoyándose en cifras contenidas en informes recientes de la Multigremial de La Araucanía y del Observatorio contra el Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello.
Según el Informe de Violencia Julio 2025 de la Multigremial de La Araucanía, durante ese mes se registró un solo hecho de violencia de mayor connotación en la Macrozona Sur, lo que representa una disminución interanual de 83% respecto de julio de 2024. Se trata del nivel mensual más bajo desde la instauración del Estado de Emergencia Constitucional en la zona.
En el acumulado anual, entre enero y julio de 2025 se contabilizan 31 hechos de violencia, con un promedio de 4,5 atentados mensuales, cifra considerablemente inferior a los registros observados entre 2021 y 2023, período en el que se concentró el mayor número de ataques y atentados en la región.
No obstante, los mismos informes evidencian que la violencia no ha sido erradicada y mantiene patrones estructurales persistentes. El 81% de los hechos registrados en 2025 ocurrió en la Región de La Araucanía, y la provincia de Malleco concentró el 68% de los casos, confirmando su condición de principal foco del conflicto. Por tipo de delito, los atentados incendiarios representan el 71% de los hechos, mientras que los ataques armados corresponden a aproximadamente uno de cada tres eventos.
En este contexto, Campusano sostuvo que “improvisar en seguridad y recurrir a montajes no solo es ineficaz, sino que daña la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado”, subrayando que cada hecho de violencia debe ser condenado sin ambigüedades, pero que la evaluación de las políticas públicas no puede basarse únicamente en episodios aislados ni en percepciones coyunturales.
El seremi afirmó que los datos disponibles muestran un punto de inflexión objetivo, aunque fue enfático en advertir que ello no equivale al cierre del conflicto. “El problema no está resuelto, pero tampoco es cierto que nada haya cambiado”, señaló, agregando que desconocer los avances o relativizarlos sin evidencia empírica implica un análisis incompleto del fenómeno.
Los informes también dimensionan el impacto acumulado de la violencia en el territorio. Entre 2019 y 2024, las pérdidas en infraestructura producto de atentados incendiarios se estiman en más de 124 millones de dólares, afectando principalmente viviendas, galpones e infraestructura productiva, lo que refleja un daño estructural que trasciende la disminución reciente de los hechos.
En ese marco, Campusano advirtió que el principal riesgo es retroceder hacia respuestas improvisadas, como ocurrió con la Operación Huracán, y llamó a las futuras autoridades a blindar la continuidad institucional de la estrategia de seguridad, profundizar el abordaje de las causas estructurales del conflicto —desigualdad, brechas territoriales y falta de oportunidades— y acelerar la recuperación económica regional.
“La Araucanía no es un territorio perdido, pero tampoco es un problema superado. Los avances existen y están respaldados por cifras, pero siguen siendo frágiles. Consolidarlos y llevarlos a una fase superior es el desafío real”, concluyó el seremi de Seguridad Pública.
Infografía descenso violencia rural y terrorismo.
(Fuente: *Observatorio contra el crimen organizado y terrorismo UNAB / * Informe Multigremial Araucanía)
Dejar una contestacion