La Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados resolvió esta semana iniciar la tramitación de un proyecto de reforma constitucional que establece un Sistema Integral de Garantías y derechos de los Adultos Mayores en Chile.
Esta iniciativa es del diputado independiente René Saffirio, que pretende ir saldando la profunda deuda de abandono y postergaciones que el Estado y la sociedad mantienen con la población de la tercera edad de nuestro país.
“Los Adultos Mayores no pueden seguir esperando, por lo que ya es hora de impulsar soluciones de fondo, para abordar las condiciones en que encuentran muchas personas de la tercera edad en Chile, como son: la pobreza, el abandono, los maltratos y las paupérrimas pensiones que reciben la gran mayoría, sólo por mencionar algunas de las problemáticas que los afligen”, dijo el legislador de La Araucanía.
Este proyecto incorpora un nuevo artículo a la Constitución, que recalca el goce pleno de los derechos de los adultos mayores, particularmente los reconocidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
“Es deber del Estado garantizar a los Adultos Mayores, derechos tales como: el derecho al buen trato y a una vejez digna; el derecho a prestaciones integrales e interdisciplinarias en el cuidado de la salud; el derecho a prestaciones universales de seguridad social y a servicios sociales básicos; el derecho a la independencia y autonomía en la definición de sus planes de vida; el derecho a la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; y el derecho a una vida libre de violencia, prohibiéndose toda forma de abuso o discriminación arbitraria”, indica el texto.
Además, expresa que “Los órganos del Estado deberán diseñar y ejecutar políticas públicas, con un enfoque diferencial para el goce pleno y efectivo de los derechos de los Adultos Mayores”.
Agrega que “La ley establecerá un sistema integral de garantías y derechos de los Adultos Mayores”.
Finalmente, menciona que habrá una Defensoría del Adulto Mayor, autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de velar por la difusión, promoción y protección de los derechos de los Adultos Mayores y que una ley de quórum calificado determinará sus funciones y demás atribuciones.
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