Por Hernán Riquelme Brevis
Docente e Investigador en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile
Una premisa fundamental para combatir el avance del coronavirus a nivel internacional ha sido el aislamiento físico. Quedarse en casa, utilizar solo los permisos disponibles en estado de cuarentena y salir lo menos posible. Cuando el aislamiento de las personas se vuelve una necesidad para la autoridad nacional, emergen problemáticas respecto a cómo hacer para que la inmovilidad de la población se desarrolle de la mejor manera posible.
Algunos datos ayudan a reflejar las contradicciones sociales entre aquellos y aquellas que ven la inmovilidad como una opción que puede ser llevadera, y una mayoría que necesita de la movilidad cotidiana para llevar el sustento a sus hogares.
Por ejemplo, según un reciente estudio de la Universidad de Chile (2020), en el actual escenario la movilidad en Santiago disminuyó un 50% en comunas con mayor ingreso económico, mientras que en aquellas comunas de menor ingreso solo un 30%. Asimismo, según la Organización Internacional del Trabajo (2020) casi la mitad de los trabajadores en Chile se emplea de manera informal.
Coleros de ferias, vendedores ambulantes, meseros, empleadas domésticas, albañiles y tantos otros y otras que, producto de las restricciones de movilidad decretadas por la autoridad para combatir de forma eficiente el avance del coronavirus, se han visto en una encrucijada: quedarse en casa y esperar que alguna ayuda del gobierno llegue, o arriesgarse a sanciones y posible contagio por desplazarse con el objetivo de trabajar para comer y pagar las cuentas básicas.
Otra historia corresponde para aquellos y aquellas que por motivos egocéntricos vinculados a la recreación burlan la ley y la salud de la población, desplazándose libremente por las ciudades con el riesgo de contagio que conlleva.
Para los trabajadores y trabajadoras informales que viven en comunas de estratos bajos y muchas veces en condiciones de hacinamiento, la inmovilidad parece ser una opción lejana y relativamente difícil de cumplir, y no se trata de una lectura somera que implica actos de desacato, más bien corresponde a desempolvar una realidad que para algunos sectores estaba superada en Chile: la pobreza. La pandemia vuelve a recordar que, lamentablemente, para muchas personas está primero alimentarse que otros derechos igual de importantes como la salud o el cuidado.
Desde una perspectiva cultural y económica, se torna sumamente complejo incentivar la inmovilidad de los más necesitados sin una potente batería de políticas públicas que cubra las necesidades básicas hasta que la pandemia cese.
El autocuidado es un deber para todos y todas en este contexto, pero también necesitamos ser autocríticos y comprender que esta pandemia nos ha servido para develar aquellas desigualdades estructurales que nos hacían mirar con cercanía y mayor atención otros lugares del mundo, renegando muchas veces de nuestro entorno próximo, donde evidentemente tenemos más similitudes económicas y sociales de las que imaginábamos.
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