Cómo Coordinación de Organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía manifestamos nuestra más profunda preocupación por la situación en que se encuentran los 22 presos políticos mapuche que aún continúan en huelga de hambre después de 115 días en los distintos centros penitenciarios de Angol, Temuco y Lebu.
Las demandas de los huelguistas, están centradas en la aplicación de los artículos 8, 9 y 10, relativos al cumplimiento en caso de procesos penales, establecidos en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas ratificado por nuestro país, donde frente a la imposición de sanciones a los miembros de dichos pueblos deberán preferirse medidas alternativas al encarcelamiento. Considerando además los graves efectos sanitarios producto de la pandemia COVID 19 que se vive actualmente a nivel mundial y las medidas de resguardo necesarias desde un punto de vista humanitario, consistentes con las recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud frente al mayor nivel de vulnerabilidad que tienen las personas privadas de libertad, debido a la naturaleza de las restricciones que ya se les impone.
En la práctica, se traduce en el cambio de medidas cautelares y de la forma de cumplimiento de sus condenas, de manera que puedan ser ejecutadas en sus comunidades y de acuerdo a sus condiciones culturales. Lo anterior teniendo en cuenta que los pueblos indígenas mantienen un vínculo estrecho con la tierra, territorios, recursos naturales, familiares y comunidades, comprendido como la dimensión religiosa de relacionarse con su entorno, temas igualmente reconocidos en los artículos 8, 9 y 10 del Convenio 169.
Cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Resolución 1/20 recomendó aplicar medidas de cumplimiento alternativo de condena, distintas a la prisión, para evitar aumentar los riesgos de contagio por COVID19 en los centros penitenciarios. Parece discriminatorio que cuando se trata de personas pertenecientes al pueblo mapuche, en la gran mayoría de los casos se aplica la prisión preventiva por regla general, vulnerándose la presunción de inocencia y el debido proceso de los imputados; en cambio, en el caso de agentes del Estado, de fuerzas especiales, policiales u otros militares involucrados en hechos graves relativos por ejemplo a homicidios u otros crímenes y delitos en contra de personas mapuche, han podido beneficiarse de circustancias humanitarias y sanitarias dada la pandemia actual. Es más, en junio del presente año, la Fiscal Judicial de la Corte Suprema informó que 13.321 reclusos salieron de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo. Entre los motivos informados para otorgarles la libertad están el indulto conmutativo anunciado por el Gobierno por la pandemia, cambios de medidas cautelares y libertades condicionales. ¿Cuántos reclusos mapuche han podido acceder a estos beneficios?
El día 24 de agosto la defensa de los imputados mapuche Fermín Marquez Inal, Cristhofer Pino Curin y Victor Marileo Ancapi, quienes se encuentran recluidos en prisión preventiva en el CCP de Temuco y en huelga de hambre desde el día 19 de julio 2020, solicitaron la revisión de la medida cautelar para su cambio por arresto domiciliario, solicitud que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Traiguén. Hay que resaltar que la Intendencia representada por el abogado Hernan Valdebenito, se opuso tenazmente al cambio de cautelar.
Esta oposición de parte de Valdebenito, contraviene directamente los términos del Acuerdo alcanzado por el Ministerio de Justicia con el Machi Celestino Córdova para poner término a su huelga de hambre, el cual en su punto 6 establece que el Gobierno facilitará a través de la Defensoría Penal Pública las solicitudes de modificación de medidas cautelares. Ello viene a dar cuenta de una contradicción entre los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Justicia, y las gestiones judiciales realizadas por el Ministerio del Interior.
Así como defendemos la vida de los huelguistas, lamentamos los hechos sucedidos el día 24 de agosto donde una niña resultó herida de bala en el incendio de un camión en la comuna de Collipulli. La protección de la integridad física y psíquica de todas las personas, sin importar su raza, sexo, edad o inclinación política, es fundamental para avanzar en la justicia social y el respeto a los derechos humanos, más aún tratándose de menores de edad, ya que sabemos que la niñez está siendo altamente vulnerada en todas las sociedades en general.
Dada la experiencia como organizaciones de la sociedad civil que hemos desarrollado a lo largo del tiempo en relación a proteger y defender los derechos humanos en general y del pueblo mapuche en particular, queremos ser enfáticos en que estos hechos no pueden ser manipulados e instrumentalizados por parte de las autoridades actuales para legitimar una mayor represión y criminalización de las demandas históricas y actuales del pueblo mapuche. En particular, hacemos un llamado de atención a los medios de comunicación quienes no cubren de manera objetiva y con perspectiva histórica y de derechos humanos los acontecimientos en La Araucanía.
Lamentablemente el Estado de Chile, mediante diversos Gobiernos y autoridades políticas y policiales, sigue llevando a cabo una política de desconocimiento y de no consideración de las recomendaciones que diversas instituciones internacionales de derechos humanos (Naciones Unidas, UNICEF, CIDH, entre otras) han emitido a través de una innumerable cantidad de informes sobre la compleja situación que vive nuestra región en particular. Por lo tanto, la espiral de violencia de la cual la niñez es la principal víctima, como en mucha parte del mundo y no solamente en Chile, debe llamarnos como sociedad a mirar las profundas causas detrás de los hechos, como el sentido común y el aprecio por la vida nos llama hacerlo en defensa y en protección de los derechos humanos como principios básicos. Reiteramos nuestra más profunda preocupación al escuchar una vez más a las autoridades del país y a pesar del fracaso de más de dos décadas de política policial y penal en la materia. Parece que tendremos que seguir constatando la incapacidad de la élite política a resolver un problema estructural de nuestra sociedad y que afecta a todos los habitantes de un territorio llamado Wallmapu. ¿Habrán otros desenlaces fatales que tendremos que lamentar a futuro?
Por lo tanto llamamos al Gobierno a buscar un diálogo de forma urgente, que sea directo, sincero y libre de prejuicios, con los huelguistas y sus representantes como Pueblo Mapuche.
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos – Agrupación de expresos políticos Enrique Pérez – Centro de Derechos Humanos UFRO – Centro de Investigación y Defensa del Sur – Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – Comisión Ética Contra la Tortura – Observatorio Ciudadano -Red de Acción por los Derechos Ambientales – Red de Defensa de los Territorios – Red de Peritos Independientes
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