Documento busca “contribuir con el Gobierno con medidas concretas frente a la realidad del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que existe en la macrozona sur” y será entregado este martes al delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard.
“30 propuestas de seguridad para la macrozona sur” es el título del documento en el que la Multigremial de La Araucanía (MGA) propone una serie de medidas en materia de seguridad, en los ámbitos de prevención y persecución, que el gobierno puede adoptar en el corto y mediano plazo para superar la crisis de seguridad que se vive en el sur de Chile y especialmente en las Provincias de Malleco (Región de La Araucanía) y Arauco (Región del Biobío).
La entidad gremial consultó a una serie de expertos para elaborar el documento que será presentado este martes al gobierno a través del delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard. Ese día, la mesa directiva de la MGA sostendrá su primera reunión de trabajo con el representante del presidente Gabriel Boric en la región.
“Todos los días ocurren hechos violentos contra personas inocentes. Se han duplicados los hechos de violencia desde que se levantó el Estado de Emergencia, es decir, estamos frente a una crisis de seguridad que no hace más que crecer todos los días. Se requiere que el Estado tome medidas, que efectivamente haga control territorial en las zonas donde hoy día lo hacen los grupos violentos. Todos estamos dispuestos a colaborar para dar mayor seguridad, evitar y frenar este nivel de violencia que afecta a tantas personas inocentes, trabajadores y sus familias. Ese es el sentido de esta propuesta”, explicó el presidente de la MGA, Patricio Santibáñez.
En el ámbito preventivo la MGA propone decretar el Estado de Emergencia en las regiones de la macrozona sur “para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado permitiendo el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y las policías, sin restricciones de derechos fundamentales”.
Lo anterior se enlaza con la propuesta que busca “incrementar la presencia de la Armada en su rol de policía marítima con perspectiva de macrozona sur especialmente en Lebu, Tirúa, Quidico, Puerto Saavedra y el Lago Lanalhue, entre otros”.
Entre otras propuestas en el ámbito preventivo destacan delimitar los puntos estratégicos de mayor foco de violencia para incorporar en dichos puntos controles permanentes por parte de las policías y patrullajes dinámicos; dotar de mayores recursos logísticos, de transporte y tecnológicos a las policías para cumplir función preventiva; incorporar al Servicio de Impuestos Internos y a CONAF en los controles planificados y mantener planes preventivos específicos como el Plan Cosecha Segura y el Plan contra Incendios Forestales, entre otras medidas.
En materia de persecución penal destaca la propuesta de creación de una fuerza de tarea conjunta de las policías con foco especializado en las orgánicas responsables del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la macrozona sur y la publicación de un informe trimestral, por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de transparencia y accountability donde se de cuenta de toda la información vinculada a la violencia en la macrozona sur con detalle por región, provincia y comuna sobre hechos de violencia por delito; orgánicas que se adjudicaron el respectivo atentado, si lo hubiere; cantidad de detenidos en dicho contexto; querellas interpuestas; droga, municiones, armas incautadas y avances de los objetivos de corto, mediano y largo plazo.
Entre otras propuestas destacan el reimpulso de una serie de leyes en el Congreso, a las que el gobierno debiera ponerle suma urgencia, según la propuesta: proyecto de ley que eleva las penas de usurpación, el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, y la iniciativa que crea la Defensoría Penal de las Víctimas.
“Como gremios representantes de las empresas y familias trabajadoras de la Región de La Araucanía que quieren vivir y trabajar en paz y libertad, queremos contribuir a la solución de esta crisis. Creemos que todas las medidas que se tomen, las soluciones que se discutan deben considerar la voz de todos los habitantes de la región y no solo una posición que pretende imponer una mirada de unos pocos que ejercen la violencia”, concluyó Santibáñez.
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