El Juzgado de Garantía de Temuco dispuso el ingreso a cumplimiento efectivo de la condena de I.A.C.R., sentenciada a 15 años y un día de presidio por tres delitos de abuso sexual reiterado contra menores de 14 años. La medida se concretó tras el rechazo, por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, del último recurso de nulidad presentado por la defensa.
El Juez de Garantía de Temuco, magistrado Mauricio Torres, ordenó el ingreso a prisión de I.A.C.R., condenada a 15 años y un día de presidio efectivo como autora de tres delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menores de 14 años, ilícitos perpetrados entre 2006 y 2022 en la capital regional.
La decisión se adoptó luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco rechazara el pasado 28 de octubre el recurso de nulidad interpuesto por la defensa, confirmando así en forma unánime la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.
“Se da cumplimiento a la sentencia una vez ejecutoriada, disponiéndose el ingreso de la condenada al recinto penitenciario correspondiente”, resolvió el magistrado Torres, tras agotarse las instancias judiciales.
Durante el proceso, el tribunal acreditó que la mujer cometió los abusos en distintos periodos contra tres niños, todos menores de 14 años al momento de los hechos. En el caso de la primera víctima, un sobrino, los abusos se extendieron entre 2006 y 2016. Posteriormente, entre 2015 y 2022, los hechos se repitieron contra un sobrino-nieto, y entre 2014 y 2016 contra un tercer niño, todos en un mismo domicilio de Temuco.
“El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que la condenada efectuó actos de significancia y relevancia sexual en contra de las víctimas mientras se encontraban bajo su cuidado”, señala el fallo.
Además de la pena principal de prisión, la sentencia impuso a I.A.C.R. las accesorias especiales de interdicción del derecho a ejercer la guarda, a ser oída como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por 10 años tras el cumplimiento de la condena, y la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse en cargos, empleos o profesiones vinculadas al trato directo y habitual con menores de edad.
Una vez ejecutoriada la sentencia, el tribunal ordenó también la toma de muestras biológicas de la condenada para determinar su huella genética e incorporarla al registro nacional de ADN de condenados.
Con esta resolución, se pone fin a un extenso proceso judicial que se extendió por varios años y que concluye con la efectiva ejecución de la pena contra I.A.C.R., declarada autora de los delitos más graves contra la integridad sexual infantil.
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