Temuco mantiene pendiente un informe comprometido para octubre, mientras en Carahue una concejala acusa bloqueo de información y anuncia denuncia ante Contraloría, en un contexto nacional marcado por el criterio de “tolerancia cero” fijado por la Corte Suprema.
La gestión de los sumarios administrativos por eventuales licencias médicas fraudulentas mantiene bajo cuestionamiento a distintos municipios de La Araucanía, luego de que autoridades comunales no transparentaran información comprometida ni entregaran antecedentes solicitados formalmente por concejales, en un escenario donde el máximo tribunal del país ha reforzado la gravedad de este tipo de faltas.
En el caso de Temuco, el municipio comprometió públicamente la entrega de resultados de un sumario administrativo a mediados de octubre, sin que hasta ahora exista información oficial disponible para la ciudadanía sobre su estado o conclusiones, lo que ha generado cuestionamientos respecto a la oportunidad y transparencia del proceso.
Una situación aún más tensa se vive en la comuna de Carahue. La concejala Paola Retamal Arévalo, presidenta de la Comisión de Licencias Médicas del concejo municipal, acusó públicamente que la administración del alcalde Helmuth Martínez Llancapán no ha entregado la documentación solicitada en el marco de una comisión investigadora especial.
A través de sus redes sociales, la edil fue enfática al señalar: “Mientras tanto en Carahue. Administración Alcalde Helmuth Martínez Llancapán no me entrega lo solicitado formalmente en reunión de comisión como Presidenta Comisión Licencias Médicas eventualmente fraudulentas y viajes al extranjero”.
En su declaración, Retamal detalló que ha requerido “documentos de decreto vista fiscal de cada caso, decreto alcalde con resolución de eventuales sanciones ámbito municipal, resoluciones varias”, solicitudes que —según afirma— fueron reforzadas incluso por correo electrónico, sin obtener respuesta.
“Y nada de nada”, enfatizó.
La concejala agregó que hará públicos los antecedentes una vez que le sean entregados: “Recuerden que haré público cuadro comparativo con cada caso, sentencia fiscal investigación, más sentencia final alcalde Martínez, y ustedes sabrán según vuestro criterio personal quién realmente es quien nos gobierna en el municipio de Carahue, en materia de alta probidad, justicia y transparencia municipal”.
Asimismo, advirtió que, de persistir la negativa, recurrirá a instancias externas: “Si no me entregan antecedentes, deberé denunciarlos a Contraloría”.
El debate local se produce en medio de un contexto nacional clave. En los últimos días, la Corte Suprema fijó un criterio de “tolerancia cero” frente al uso indebido de licencias médicas para viajar al extranjero, al determinar que esta conducta constituye una infracción grave que puede justificar la destitución de un funcionario público, siempre que el sumario esté correctamente tramitado.
En un fallo unánime, el máximo tribunal respaldó la desvinculación de un funcionario municipal de Punta Arenas, señalando que este tipo de acciones vulnera gravemente el principio de probidad administrativa y afecta la confianza pública, el correcto funcionamiento del servicio y el patrimonio municipal.
La Corte sostuvo que autoridades y funcionarios públicos deben “dar estricto cumplimiento al principio de probidad”, privilegiando el interés general por sobre el particular, criterio que también fue aplicado en un segundo caso del Serviu Biobío, donde se confirmó una sanción por salir del país estando con licencia médica.
Este escenario nacional refuerza la exigencia de transparencia y rigor en los procesos administrativos locales, y pone presión sobre los municipios de La Araucanía para que informen oportunamente a la ciudadanía sobre investigaciones, sanciones y resoluciones en materias que hoy se encuentran bajo un estricto escrutinio público.
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