La actual directiva denunció un presunto perjuicio patrimonial y presentó una acción penal para esclarecer el destino de los recursos de la organización.
La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Universidad de La Frontera (UFRO) presentó el 11 de mayo de 2026 una querella criminal en Temuco contra exdirigentes y por un presunto faltante superior a $192 millones en el patrimonio de la organización.
La acción judicial fue presentada por el actual directorio junto a su asesor jurídico, el abogado Carlos Muñoz Sanhueza, por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan establecerse durante la investigación.
Según informó la directiva, la querella se basa en los antecedentes recopilados por la Comisión Revisora de Cuentas, organismo interno encargado de fiscalizar el uso de los recursos de la asociación.
La comisión fue mandatada por la asamblea de socios y socias realizada el 22 de enero de 2026. Durante ese proceso, se detectaron inconsistencias contables y administrativas. De manera preliminar, se identificó un faltante superior a $192 millones cuyo respaldo, destino o trazabilidad no ha podido ser debidamente justificado.
En una declaración pública, el directorio señaló que “con fecha 11 de mayo de 2026, junto a nuestro asesor jurídico, abogado Carlos Muñoz Sanhueza, hemos presentado una querella criminal en contra de la y los ex-dirigentes de la Asociación y de todos quienes resulten responsables”.
La actual directiva afirmó que observa con profunda preocupación estas irregularidades, las que, según indicó, ocurrieron en un período especialmente complejo para la organización.
“Desde el año 2024 atraviesa una profunda pérdida de confianza y credibilidad institucional, marcada por la falta de transparencia, la ausencia de información clara hacia las bases y el creciente sentimiento de abandono que afectó a muchas funcionarias y funcionarios”, señaló el comunicado.
El directorio sostuvo que la decisión responde al mandato entregado por los socios y a las responsabilidades éticas, legales y estatutarias que debe asumir la actual administración.
Finalmente, la organización indicó que la querella busca esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades correspondientes y avanzar en la recuperación de la confianza y legitimidad de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Universidad de La Frontera.