· En la misiva, el senador explicó en detalle por qué las tierras indígenas están protegidas, si bien pueden ser vendidas o arrendadas entre integrantes de un mismo pueblo originario: apuntó a una “historia persistente de voracidad, despojo y apropiación de las tierras indígenas por parte de particulares”.
· El parlamentario retrotrajo momentos puntuales de desregulación al respecto, como la omisión legislativa que entre 1943 y 1947 redundó en “pérdidas legalizadas” de hasta un quinto de las tierras indígenas, debiendo corregirse; o figuras como el arriendo a 99 años, “despojando en los hechos al indígena del uso y goce de sus tierras”, vicios que la Ley Indígena en su estado actual busca evitar.
· El legislador, entonces, conminó de forma directa al Presidente Kast a “la prudencia, a la responsabilidad y a la apertura”: “Hay decisiones que, una vez tomadas, son difíciles de revertir (…) gobernar exige mirar el bien de todos, no sólo de unos pocos, cuidar la paz social y no encender aquello que tanto esfuerzo ha costado apaciguar”, aseveró.
El senador Francisco Huenchumilla envió este lunes una carta abierta al Presidente de la República, José Antonio Kast, donde rechaza la idea de reformar la Ley Indígena para levantar las actuales restricciones a la enajenación de tierras de pueblos originarios, en específico del pueblo mapuche.
Esto, tras el anuncio que hiciera el mandatario en su primera Cuenta Pública, donde enfatizó que los pueblos originarios deberían poder vender, arrendar e incluso hipotecar sus territorios “en igualdad de condiciones” con el resto de la ciudadanía chilena.
En su misiva al Presidente, el legislador comenzó por descartar cualquier viso de “paternalismo” en la Ley Indígena. “Las prohibiciones de la Ley N° 19.253 no están destinadas a impedir que el indígena venda y transfiera las tierras indígenas. No, en absoluto. Son prohibiciones generadas para impedir más bien, que el no indígena las adquiera», explicó.
Trasfondo
En la carta abierta, puede leerse una completa retrospectiva histórica del porqué de este resguardo. “Las prohibiciones que hoy buscan ser reformadas son la respuesta normativa a un problema histórico concreto, particularmente vinculado al pueblo Mapuche: la presión de los particulares sobre sus tierras indígenas y su consiguiente apropiación y distracción hacia el mercado general (…) son hechos ya ocurridos en el pasado”, explicó el parlamentario.
En este sentido, el legislador explicó al Presidente que tras un periodo de “colonización espontánea”, con infiltración de particulares en el territorio mapuche y “donde primó el atropello, el abuso, el fraude y la violencia”, se creó en 1852 la Provincia de Arauco, poniendo fin a la igualdad legal y “pasando a crearse un régimen especial separado sobre estas tierras, con tuición directa y control del Estado”.
Lo anterior, insistió el congresista, formó parte de “sucesivas oleadas de despojo legalizado”: concluida la “Pacificación” de La Araucanía, los títulos de merced que se otorgaron rondaban el 10% de la superficie original. Sin embargo, detalló, este no fue el fin del despojo: “Entre 1943 y 1947, por una omisión legislativa, se enajenó en menos de 4 años cerca de un quinto de la tierra indígena entonces existente, al punto que el propio legislador debió reponer las prohibiciones”, especificó.
Como complemento, el legislador también detalló al mandatario una situación similar, donde el DL 2568 omitió prohibir los contratos de arriendo de territorios, “los que se suscribieron masivamente bajo la figura de arrendamiento a 99 años, despojando en los hechos al indígena del uso y goce de sus tierras”.
En este contexto, el senador por La Araucanía previó que “ante la flexibilización de las prohibiciones o el debilitamiento del estatuto especial protector de las tierras indígenas, un número significativo de personas en estado de necesidad económica puede verse compelido de ingresar al mercado general a negociarlas (…) en condiciones de marcada desigualdad, debilitando en el mediano plazo la ya escuálida base material donde se desarrolla la identidad, cultura y cosmovisión indígena”.
Frente a todo lo expuesto, el legislador cuestionó al Presidente: “La igualdad formal que usted pretende reposicionar se asienta en una experiencia histórica que sólo ha engendrado y acrecentado la desigualdad sustantiva, fertilizando los procesos de despojo territorial (…) nos hace recordar un viejo pero sabio refrán, pan para hoy y hambre para mañana», aseveró el congresista.
Convenio 169 y mensajes
El parlamentario también dedicó algunas líneas de su carta, a clarificar el marco jurídico que protege la legislación sobre pueblos indígenas en Chile. «Dado que el Convenio N° 169 es un tratado internacional ratificado por Chile, con contenido de derechos humanos, se ha reconocido que pasó a formar parte del bloque constitucional chileno (…) cualquier proyecto de reforma que pueda afectar directamente a los pueblos indígenas, sus tierras y territorios debe necesariamente ser consultada bajo el estándar del Convenio N° 169, por generarles una afectación directa”, advirtió.
Cerca del final de la misiva, el legislador sugirió al Presidente la conveniencia de que el Gobierno considere las conclusiones de la Comisión de Paz y Entendimiento, como una mejor hoja de ruta. “Eso es lo que esperamos: la altura de miras para visualizar la potencialidad del camino de Estado (que se ha) abierto, y la capacidad de aunar todas las voluntades para sumarnos a él”, especificó.
Finalmente, el mensaje del legislador al Presidente fue claro. “¿Podemos abordar entonces la cuestión indígena exclusivamente con soluciones traídas de la lógica de la libertad y el mercado, reduciendo algo tan esencial como las tierras indígenas a mercancía? Creo que es evidente que la respuesta es negativa, salvo que queramos apagar el fuego con bencina”, planteó el legislador.
“No puedo sino resentir profundamente los anuncios de la cuenta pública en materia indígena. No obedecen a un diálogo territorial, político ni técnico (…) Retoman perspectivas cerradas y caminos parciales ya transitados, sin resultados. En definitiva, debilitan las confianzas en la institucionalidad y crispan los ánimos, calentando un escenario que costó mucho enfriar, y comprometiendo la paz social», puntualizó.
