Paola Retamal sostuvo que los recientes pronunciamientos del organismo fiscalizador consolidan criterios de probidad sobre el uso de redes sociales por parte de los alcaldes y podrían impactar la forma en que se desarrollan las comunicaciones institucionales en la comuna.
La concejala de Carahue, Paola Retamal Arévalo, afirmó que los recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre el uso de redes sociales por parte de alcaldes podrían tener efectos directos en la Municipalidad de Carahue, al consolidar una jurisprudencia que, a su juicio, refuerza los límites entre la comunicación institucional y la promoción personal de las autoridades.
La edil recordó que uno de los antecedentes que dieron origen a esta línea de criterios fue una denuncia presentada por ella durante 2025 ante la Contraloría Regional de La Araucanía, en la que cuestionó que información oficial del municipio fuera difundida primero desde la cuenta personal del alcalde y que material elaborado por funcionarios municipales fuera utilizado en publicaciones de carácter personal.
Como resultado de esa presentación, la Contraloría Regional emitió el Oficio N.º OF52461/2026, instruyendo que dichas prácticas no debían repetirse y señalando que el uso de recursos municipales para publicaciones personales podía implicar una eventual infracción al principio de probidad administrativa.
A este pronunciamiento se sumó recientemente el Dictamen N.º OF128769N26, emitido por la Contraloría General de la República a propósito de una denuncia contra el alcalde de Huechuraba. En él, el organismo estableció que las autoridades no deben atribuirse personalmente la ejecución de obras o servicios municipales ni vincular la gestión institucional con promesas efectuadas durante campañas electorales, por cuanto ello puede vulnerar el principio de probidad administrativa.
Para la concejala Retamal, ambos pronunciamientos consolidan un criterio que deberá ser observado por todas las municipalidades del país, incluida Carahue.
«Estos dictámenes dejan claro que la gestión municipal pertenece a la institución y no puede transformarse en una herramienta de promoción personal. Creo que este nuevo estándar fijado por la Contraloría tendrá efectos en la forma en que se comunican las acciones municipales y constituye una herramienta importante para el trabajo fiscalizador de los concejos municipales», señaló.
La concejala agregó que estos criterios también entregan parámetros claros para supervisar que la información oficial sea difundida primero por los canales institucionales, que no se utilicen funcionarios ni recursos públicos para fortalecer redes sociales personales y que las obras municipales no sean presentadas como logros individuales de una autoridad.
Finalmente, Retamal sostuvo que continuará ejerciendo su labor fiscalizadora. «La Contraloría ha entregado un mensaje claro: los recursos públicos, la información institucional y la gestión municipal pertenecen a la comunidad y no a una autoridad en particular. Seguiré ejerciendo mi labor con responsabilidad y estricto apego a la ley, porque la transparencia y la probidad son fundamentales para fortalecer la confianza de los vecinos en sus instituciones», concluyó.