- El gobernador Saffirio acusa al Consejo Regional de manipular proyectos del 8% del FNDR para favorecer organizaciones elegidas a dedo.
- Los 20 consejeros regionales rechazan las acusaciones de manera unánime y exigen una rectificación pública por parte de la autoridad.
- La disputa mantiene en vilo la asignación de 10 mil millones de pesos destinados a organizaciones sociales de 32 comunas de la región.
La disputa por cerca de $10 mil millones del concurso del 8% escaló a un enfrentamiento sin precedentes entre René Saffirio y los 20 integrantes del Consejo Regional.
Mientras el gobernador acusa un intento por alterar los resultados para favorecer a determinadas organizaciones, los consejeros lo desmienten, defienden sus atribuciones y aseguran que los 2.053 proyectos técnicamente aprobados podían ser considerados.
Lo que comenzó como una diferencia respecto de la distribución de los recursos del 8% del FNDR terminó convertido en una verdadera guerra política e institucional al interior del Gobierno Regional de La Araucanía. De un lado, el gobernador René Saffirio acusa a los consejeros regionales de pretender sacar proyectos con mejores puntajes para incorporar otros “elegidos por ellos”. Del otro, los 20 integrantes del CORE, sin distinción política, rechazan categóricamente esa versión y emplazan a la máxima autoridad regional a rectificar públicamente y pedir disculpas.
En medio quedan las organizaciones sociales de las 32 comunas y recursos cercanos a los $10 mil millones, luego de que el Mensaje N.º 160 presentado por Saffirio fuera rechazado por la totalidad de los consejeros regionales y recibiera únicamente el voto favorable del propio gobernador, según señala la declaración emitida este miércoles por el CORE.
Saffirio dispara y acusa proyectos “elegidos por ellos”
La versión del gobernador es categórica. Según explicó públicamente, 1.271 proyectos habían resultado seleccionados conforme a las bases y puntajes del concurso, por lo que el Consejo Regional no tendría atribuciones para cambiar posteriormente esa nómina.
“El resultado no lo definí yo como gobernador. Lo definieron las bases del concurso, que fueron aprobadas por el Consejo Regional en abril de este año”, sostuvo Saffirio, antes de lanzar la acusación que encendió definitivamente el conflicto: a su juicio, los consejeros pretendían actuar “bajando organizaciones con alto puntaje para subir otras elegidas por ellos”.
Saffirio llevó además la controversia a un terreno ético, asegurando que aceptar esa modificación significaría desconocer las reglas bajo las cuales las organizaciones participaron. “Si las reglas se cambian después de conocer los resultados de un concurso, ya no es en realidad un concurso y el esfuerzo de cada una de sus organizaciones deja de tener valor”, afirmó.
Es un tono que ya se ha convertido en parte reconocible del estilo Saffirio: directo, elocuente y confrontacional, pero que en ocasiones bordea expresiones que sus adversarios pueden interpretar como descalificatorias. Sus intervenciones suelen instalar el conflicto no solo como una discrepancia administrativa o jurídica, sino también como una disputa entre lo que considera correcto y aquello que cuestiona moralmente.
Esta vez volvió a hacerlo. “Ustedes cumplieron. Ahora me toca a mí cumplirles a ustedes”, cerró su mensaje a las organizaciones, situándose como garante de quienes, según su interpretación, ganaron legítimamente el concurso.
Los 20 consejeros responden: “Ese relato no se condice con lo ocurrido”
Pero la respuesta del CORE fue igual de dura. Los 20 consejeros regionales suscribieron una declaración pública en la que rechazan que hayan pretendido manipular puntajes, cambiar las bases o beneficiar arbitrariamente a determinadas organizaciones.
“Lamentamos profundamente que se haya instalado la idea de que los consejeros regionales pretendíamos cambiar las reglas, alterar puntajes o quitar recursos a algunas organizaciones para beneficiar a otras ‘elegidas por nosotros’. Ese relato no se condice con lo ocurrido”, sostuvieron.
Y aquí aparece el punto central de una controversia que tiene dos interpretaciones completamente distintas.
Mientras Saffirio habla de 1.271 proyectos seleccionados, el CORE sostiene que existían 2.053 iniciativas con Recomendación Favorable, que habían cumplido la evaluación técnica establecida en las bases y estaban habilitadas para continuar en el proceso. Según los consejeros, todas se encontraban en igualdad de condiciones para ser consideradas para financiamiento, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y al posterior pronunciamiento del Consejo Regional.
¿Cambiar ganadores o ejercer una atribución legal?
Ese es el corazón de la pelea.
Según Saffirio, permitir que el CORE modificara la propuesta significaba alterar el resultado después de conocido el puntaje. Para los consejeros, en cambio, no existían todavía 1.271 “ganadores” inamovibles, sino 2.053 proyectos técnicamente recomendados entre los cuales correspondía posteriormente resolver el financiamiento.
El CORE asegura que su propuesta nunca modificó bases, puntajes, evaluaciones técnicas ni admisibilidad. Su argumento es que buscaba incorporar criterios de equidad territorial y social, ejerciendo una atribución que —según indican— le entrega la Ley N.º 19.175 para modificar propuestas del Ejecutivo en las materias que legalmente corresponda.
Los consejeros agregan un argumento político que abre otra discusión: sostienen que el conocimiento directo de los territorios también debe tener incidencia. “Existen necesidades, trayectorias y realidades territoriales que difícilmente pueden reflejarse en un formulario o una evaluación técnica”, plantean, reivindicando su contacto permanente con las comunas y organizaciones.
Y precisamente ahí está una de las preguntas más complejas del conflicto: ¿hasta dónde puede llegar esa consideración territorial sin desvirtuar un concurso basado en criterios y puntajes previamente conocidos? Y, en sentido contrario, ¿el resultado de la evaluación técnica constituye por sí mismo una adjudicación definitiva o todavía requiere una decisión posterior del Consejo Regional?
Las dos partes entregan respuestas radicalmente diferentes.
El estilo Saffirio vuelve al centro de la controversia
El enfrentamiento también vuelve a poner bajo la lupa la forma en que René Saffirio enfrenta sus disputas políticas. El gobernador ha construido una comunicación pública con frases categóricas y una retórica que frecuentemente busca establecer con nitidez quién, desde su perspectiva, está defendiendo lo correcto.
Esa elocuencia puede resultar efectiva comunicacionalmente, pero también puede terminar simplificando controversias institucionales bastante más complejas. Expresiones como organizaciones “elegidas por ellos” no son neutras: sugieren discrecionalidad e incluso favoritismo, una interpretación que los 20 consejeros consideran derechamente falsa.
Esta vez, además, enfrente no aparece un sector político específico. Son los 20 consejeros regionales quienes suscriben la respuesta, lo que convierte el episodio en algo bastante más complejo que una tradicional pugna entre oficialismo y oposición.
El CORE también utiliza un lenguaje severo. Afirma que Saffirio “decidió impedir” que la propuesta de los consejeros fuera sometida a votación y que, en cambio, ordenó votar exclusivamente su Mensaje N.º 160.
El CORE exige disculpas públicas
La declaración termina elevando todavía más el tono. Los consejeros no se limitan a defender su actuación: exigen directamente que Saffirio rectifique sus dichos y ofrezca disculpas públicas.
“Las diferencias pueden existir; lo que no corresponde es presentar como un intento de ‘cambiar las reglas’ aquello que constituye el ejercicio legítimo de nuestras atribuciones legales”, señalaron.
También advierten que no permitirán que su representación territorial sea silenciada ni que se les impida ejercer las atribuciones que aseguran les entrega la ley.
1.271 organizaciones en medio de una pelea que recién comienza
Más allá de las acusaciones cruzadas, existe una consecuencia concreta: el financiamiento permanece atrapado en una disputa institucional que amenaza con prolongarse.
Saffirio anunció que utilizará las herramientas legales disponibles para defender la nómina de 1.271 proyectos que considera legítimamente seleccionados. El CORE, en tanto, mantiene que el procedimiento requería su pronunciamiento y que su propuesta se construyó únicamente entre los 2.053 proyectos que ya habían obtenido recomendación técnica favorable.
Por ahora, por tanto, ninguna de las dos acusaciones centrales puede presentarse simplemente como un hecho establecido. La afirmación de que el CORE pretendía beneficiar organizaciones “a dedo” corresponde a la acusación de Saffirio; la tesis de que los consejeros estaban ejerciendo legítimamente sus atribuciones corresponde a la defensa institucional del CORE.
Lo indiscutible es la magnitud de la fractura: un gobernador enfrentado a los 20 integrantes del Consejo Regional, cerca de $10 mil millones sin aprobación y cientos de organizaciones esperando una definición.
Y detrás del choque aparece una discusión que probablemente será mucho más importante que las frases cruzadas: quién tenía jurídicamente la facultad para definir la nómina final, en qué momento del procedimiento se encontraban realmente los proyectos y hasta dónde podía intervenir el CORE después de conocida la evaluación técnica. Resolver esas preguntas será clave para determinar si hubo un intento de alterar un concurso, como acusa Saffirio, o el ejercicio de una atribución institucional, como responden los consejeros.